He subido la plantilla oficial del examen del domingo, el otro día puse la plantilla provisional para haceros una idea.
http://rapidshare.com/files/287416312/age_examen_2009.pdf.html
o en la pagina de inap
http://www.inap.map.es/NR/rdonlyres/89FE3D69-8862-4B83-9B7E-45AA56175AB0/0/PlantillasprovisionalesprimerejercicioAUXLIBRE2009.pdf
Es una plantilla oficial pero aun provisional ya que tienes plazo de alegaciones para impuganar preguntas lo digo porque me han preguntado por la definitiva y aun no ha salido
miércoles, 30 de septiembre de 2009
STAS-Intersindical Valenciana, CCOO y UGT, solicitan la convocatoria urgente de una mesa de negociacion
Con el fin de intentar dar solución al problema de las llamadas "suplencias" del cuerpo de Auxilio Judicial, los Sindicatos STAS-iv, CCOO y UGT, solicitan una convocatoria urgente de negociación sobre la problematica, tras la resolución de la sentencia del T.S.J. la cual anula la actual instrucción.
Sentencia de la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, declarando nula la instrucción recurrida.SAJ-CCOO: CARTA AL MINISTERIO SOLICITANDO UNA VERDADERA NEGOCIACIÓN, FIRMADA POR CCOO, UGT Y STAJ
DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Madrid, 28 de septiembre de 2009
Desde que el nuevo equipo de dirección del Ministerio de Justicia tomó posesión, hemos celebrado dos reuniones de mesa sectorial, además de la celebrada el pasado 30 de abril en la que participó el Ministro de Justicia.
Los compromisos que adquirió el nuevo equipo con los trabajadores eran esencialmente que las decisiones en las materias que afectaran a sus condiciones de trabajo se tomarían siempre con la participación activa de los representantes de los trabajadores, y en cualquier caso mediante negociación.
Lo que desde los sindicatos, que suscribimos esta carta, exigimos, es que las palabras y los hechos deben ir siempre de la mano para que la lealtad en la negociación impregne todos los pasos en las relaciones entre la Administración y los representantes de los trabajadores. Si este principio se rompe por una de las partes, las relaciones quedan maltrechas y es imposible la confianza.
Este principio no puede ser un enunciado teórico, sino que tenemos que denunciar a esa Dirección General que las actuaciones del Ministerio de Justicia respecto a cuestiones fundamentales como son los principios en los que se va a sustentar la reforma de la Administración de Justicia se han comenzado a dar, con la aprobación del Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Justicia en el Consejo de Ministros del pasado viernes 18 de septiembre, pero el Ministerio comienza mal pues no ha cumplido con el compromiso que citamos.
Se ha aprobado dicho Plan sin ni siquiera haber informado a los sindicatos representativos de que se iba a producir, cuando en la reunión que se celebró el 27 de julio se nos informó que se nos daba un plazo de 3 días para hacer alegaciones a un documento de más de 108 folios (plazo que ya manifestamos que era irrisorio; los hechos han demostrado que nuevamente hemos trabajado muchas horas para hacer nuestras alegaciones y en balde), que el Ministerio de Justicia habría tardado meses en redactar, según sus palabras, en consenso con la totalidad de los operadores jurídicos.
Si este va a ser el método de trabajo en el futuro que pretende la dirección del Ministerio de Justicia para poner en marcha la nueva oficina judicial, ésta nacerá herida de muerte, porque como Vds. conocen perfectamente cualquier reforma de nuestra tan maltrecha Administración tiene que contar con los más de 40.000 trabajadores de la Administración de Justicia para que su puesta en marcha signifique un avance sustancial sobre la situación actual, y cumpla con su misión de un moderno servicio público para los ciudadanos.
Asimismo, seguimos muy preocupados con la ausencia de contestación en relación con las insistentes demandas que los sindicatos abajo firmantes hemos venido realizando en las tres únicas reuniones de mesa sectorial que se han producido en este período en relación con los derechos de carácter estatal de los funcionarios de la Administración de Justicia. Queremos saber con claridad cuál es la posición oficial del Ministerio de Justicia acerca del mantenimiento de estos derechos, porque como ya hemos comunicado reiteradamente en las reuniones celebradas, la pérdida o deterioro de cualquiera de ellos produciría una movilización sin precedentes en la Administración de Justicia.
Con todos estos precedentes, es imprescindible que el Ministerio de Justicia realice la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial en la que se establezcan las cuestiones urgentes que deben ser negociadas con carácter prioritario, como los contenidos de las reformas de las leyes procesales, algunas de cuyas enmiendas presentadas en el Senado nos preocupan muy seriamente, y de mantenerse crearían una situación muy tensa para la futura negociación, y de la LOPJ y la Nueva Oficina Judicial.
En el sentido anteriormente expuesto, reclamamos al Ministerio de Justicia que asuma expresamente su compromiso de que las reuniones de la Mesa Sectorial se convocarán periódicamente, una vez establecidas, en la primera reunión que se celebre, las cuestiones prioritarias y los tiempos y ritmos de negociación, para garantizar que las decisiones que pudiera adoptar la Administración que afecten a las condiciones de trabajo sean tomadas con todas las garantías para los trabajadores, respetando sus derechos laborales y profesionales.
CCOO UGT STAJ
Madrid, 28 de septiembre de 2009
Desde que el nuevo equipo de dirección del Ministerio de Justicia tomó posesión, hemos celebrado dos reuniones de mesa sectorial, además de la celebrada el pasado 30 de abril en la que participó el Ministro de Justicia.
Los compromisos que adquirió el nuevo equipo con los trabajadores eran esencialmente que las decisiones en las materias que afectaran a sus condiciones de trabajo se tomarían siempre con la participación activa de los representantes de los trabajadores, y en cualquier caso mediante negociación.
Lo que desde los sindicatos, que suscribimos esta carta, exigimos, es que las palabras y los hechos deben ir siempre de la mano para que la lealtad en la negociación impregne todos los pasos en las relaciones entre la Administración y los representantes de los trabajadores. Si este principio se rompe por una de las partes, las relaciones quedan maltrechas y es imposible la confianza.
Este principio no puede ser un enunciado teórico, sino que tenemos que denunciar a esa Dirección General que las actuaciones del Ministerio de Justicia respecto a cuestiones fundamentales como son los principios en los que se va a sustentar la reforma de la Administración de Justicia se han comenzado a dar, con la aprobación del Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Justicia en el Consejo de Ministros del pasado viernes 18 de septiembre, pero el Ministerio comienza mal pues no ha cumplido con el compromiso que citamos.
Se ha aprobado dicho Plan sin ni siquiera haber informado a los sindicatos representativos de que se iba a producir, cuando en la reunión que se celebró el 27 de julio se nos informó que se nos daba un plazo de 3 días para hacer alegaciones a un documento de más de 108 folios (plazo que ya manifestamos que era irrisorio; los hechos han demostrado que nuevamente hemos trabajado muchas horas para hacer nuestras alegaciones y en balde), que el Ministerio de Justicia habría tardado meses en redactar, según sus palabras, en consenso con la totalidad de los operadores jurídicos.
Si este va a ser el método de trabajo en el futuro que pretende la dirección del Ministerio de Justicia para poner en marcha la nueva oficina judicial, ésta nacerá herida de muerte, porque como Vds. conocen perfectamente cualquier reforma de nuestra tan maltrecha Administración tiene que contar con los más de 40.000 trabajadores de la Administración de Justicia para que su puesta en marcha signifique un avance sustancial sobre la situación actual, y cumpla con su misión de un moderno servicio público para los ciudadanos.
Asimismo, seguimos muy preocupados con la ausencia de contestación en relación con las insistentes demandas que los sindicatos abajo firmantes hemos venido realizando en las tres únicas reuniones de mesa sectorial que se han producido en este período en relación con los derechos de carácter estatal de los funcionarios de la Administración de Justicia. Queremos saber con claridad cuál es la posición oficial del Ministerio de Justicia acerca del mantenimiento de estos derechos, porque como ya hemos comunicado reiteradamente en las reuniones celebradas, la pérdida o deterioro de cualquiera de ellos produciría una movilización sin precedentes en la Administración de Justicia.
Con todos estos precedentes, es imprescindible que el Ministerio de Justicia realice la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial en la que se establezcan las cuestiones urgentes que deben ser negociadas con carácter prioritario, como los contenidos de las reformas de las leyes procesales, algunas de cuyas enmiendas presentadas en el Senado nos preocupan muy seriamente, y de mantenerse crearían una situación muy tensa para la futura negociación, y de la LOPJ y la Nueva Oficina Judicial.
En el sentido anteriormente expuesto, reclamamos al Ministerio de Justicia que asuma expresamente su compromiso de que las reuniones de la Mesa Sectorial se convocarán periódicamente, una vez establecidas, en la primera reunión que se celebre, las cuestiones prioritarias y los tiempos y ritmos de negociación, para garantizar que las decisiones que pudiera adoptar la Administración que afecten a las condiciones de trabajo sean tomadas con todas las garantías para los trabajadores, respetando sus derechos laborales y profesionales.
CCOO UGT STAJ
Atención: Tramitadores que reingresan en Gestión
El Ministerio ha modificado la Orden por la que se resuelve el concurso de traslado, en el sentido de establecer que los Tramitadores en activo que reingresan en el Cuerpo de Gestión deberán tomar posesión en su nuevo destino a partir del día 26 de octubre, dentro de los 20 días naturales establecidos. Se ha tomado esta decisión a fin de evitar que coincidan dos funcionarios varios días en un mismo puesto de trabajo. Adjuntamos enlace a la Orden ya modificada. Este cambio no afecta a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio en activo que reingresan en Tramitación, que podran tomar posesión el día 16.Nueva Orden que resuelve el concurso
Fase de concuso en Tramitación P. Interna: El Ministerio nos ha comunicado hoy que tienen intención de publicar las listas provisionales de la fase de concurso el 9 de octubre.
martes, 29 de septiembre de 2009
El Consell propone abrir los juzgados por la tarde para desatascar la justicia
Nuevo órdago de la Conselleria de Justicia al Ministerio. Cuando apenas falta una semana para la anunciada huelga de los jueces del 8 de octubre, Paula Sánchez de León puso ayer sobre la mesa una propuesta que, aunque no es nueva, si parece ahora conllevar una voluntad de sacarla adelante. Ya en 2003, el entonces ministro de Justicia popular, José María Michavila, lanzó el plan de abrir los juzgados por la tarde. Quedó en papel mojado. La consellera de Justicia retoma ahora su intención.
La medida sólo es posible con la aprobación de la misma por parte del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial. Paula Sánchez de León reclamó la llegada de 120 jueces sustitutos y otros tantos secretarios, imprescindibles para que las oficinas judiciales puedan funcionar por la tarde. El Consell asegura que «ya está previsto» un aumento de 444 funcionarios. «Los ciudadanos necesitan una respuesta inmediata, no podemos remitirles a 2012, como pretende el Ministerio de Justicia con el plan de modernización presentado recientemente», matizó la consellera.
Duración de 10 meses
Aunque en la práctica quede aún mucho para que el proyecto se haga realidad, los cálculos de la Generalitat son prometedores. La apertura de los tribunales por la tarde «supondría la resolución de 1.000 juicios más al año», según Justicia. La cifra no es baladí si se tienen en cuentas los cientos de miles de asuntos pendientes de los que cada año dan cuenta las memorias del Tribunal Superior de Justicia.
El plan del Gobierno autonómico está previsto con una duración inicial de 10 meses. Está dirigido a los juzgados de lo social, primera instancia y mixtos. Precisamente estos órganos han sido los más afectados por la sobrecarga de trabajo surgida de la crisis. Despidos, reclamaciones de deudas y otros conflictos económicos han sobrepasado la capacidad de los tribunales para darles una salida jurídica.
«Estas jurisdicciones son las que más están notando la situación», subrayó Sánchez de León. Los informes anuales del TSJ de la Comunitat Valenciana atestiguan cada ejercicio esta situación.
La rueda de prensa ofrecida ayer por la consellera de Justicia también sirvió para adelantar la 'carta a los Reyes Magos'. La responsable autonómica reclamó 25 nuevas unidades judiciales para la Comunitat Valenciana de cara al año que viene.
La «carga de trabajo» es el único criterio que asegura haber manejado el Consell a la hora de dirigir la petición al Ministerio. «Nada de supuestos partidistas como quieren ver algunos. De ahí que se hayan pedido dos juzgados más para Benidorm y Gandia». De los 25 juzgados solicitados, 11 serían para Valencia, otros tantos para Alicante y 3 para castellón. La cifra final, en manos del Ministerio.
La medida sólo es posible con la aprobación de la misma por parte del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial. Paula Sánchez de León reclamó la llegada de 120 jueces sustitutos y otros tantos secretarios, imprescindibles para que las oficinas judiciales puedan funcionar por la tarde. El Consell asegura que «ya está previsto» un aumento de 444 funcionarios. «Los ciudadanos necesitan una respuesta inmediata, no podemos remitirles a 2012, como pretende el Ministerio de Justicia con el plan de modernización presentado recientemente», matizó la consellera.
Duración de 10 meses
Aunque en la práctica quede aún mucho para que el proyecto se haga realidad, los cálculos de la Generalitat son prometedores. La apertura de los tribunales por la tarde «supondría la resolución de 1.000 juicios más al año», según Justicia. La cifra no es baladí si se tienen en cuentas los cientos de miles de asuntos pendientes de los que cada año dan cuenta las memorias del Tribunal Superior de Justicia.
El plan del Gobierno autonómico está previsto con una duración inicial de 10 meses. Está dirigido a los juzgados de lo social, primera instancia y mixtos. Precisamente estos órganos han sido los más afectados por la sobrecarga de trabajo surgida de la crisis. Despidos, reclamaciones de deudas y otros conflictos económicos han sobrepasado la capacidad de los tribunales para darles una salida jurídica.
«Estas jurisdicciones son las que más están notando la situación», subrayó Sánchez de León. Los informes anuales del TSJ de la Comunitat Valenciana atestiguan cada ejercicio esta situación.
La rueda de prensa ofrecida ayer por la consellera de Justicia también sirvió para adelantar la 'carta a los Reyes Magos'. La responsable autonómica reclamó 25 nuevas unidades judiciales para la Comunitat Valenciana de cara al año que viene.
La «carga de trabajo» es el único criterio que asegura haber manejado el Consell a la hora de dirigir la petición al Ministerio. «Nada de supuestos partidistas como quieren ver algunos. De ahí que se hayan pedido dos juzgados más para Benidorm y Gandia». De los 25 juzgados solicitados, 11 serían para Valencia, otros tantos para Alicante y 3 para castellón. La cifra final, en manos del Ministerio.
Fuente: www.lasprovincias.es
lunes, 28 de septiembre de 2009
Más de 64.000 opositores de toda España compiten mañana por 1.152 plazas de auxiliar administrativo del Estado
Más de 64.000 opositores de toda España compiten mañana para convertirse en auxiliares administrativos de la Administración General del Estado (AGE). Los 64.379 aspirantes a funcionarios admitidos para las pruebas selectivas de esta oposición buscarán una de las 1.152 plazas ofertadas para el ingreso libre en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado en este 2009, con un suelo de poco más de 1.000 euros al mes.
Los exámenes se celebran en toda España, en todas las capitales de provincia salvo que en alguna de ellas no hubiera aspirantes suficientes. En Madrid tendrán lugar en distintas facultades de la Universidad Complutense a partir de las 10 horas. Este año un porcentaje muy alto de las plazas ofertadas son para el antiguo INEM.
Las plazas convocadas en este proceso selectivo se desglosan de acuerdo con la siguiente distribución territorial: 980 de ámbito general, 11 para Ceuta, 9 para Melilla, 55 para las Islas Baleares, 55 para Las Palmas de Gran Canaria y 42 para Santa Cruz de Tenerife. Todas ellas suman en total esas 1.152.
Únicamente los aspirantes que hayan optado por los ámbitos territoriales de Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla, en caso de ser aprobados, obtendrán necesariamente destino en ese ámbito territorial. Los demás aspirantes optarán al resto de las plazas del ámbito general.
"FUTURO MUY NEGRO PARA LOS OPOSITORES"
Una de estas opositoras explicó a Europa Press que mañana se enfrentará a su tercer intento de convertirse en funcionaria, si bien puntualizó que al primero de ellos se presentó sin estar preparada y aseguró que este año es el que más ha estudiado, tanto por su cuenta como en academia, por lo que espera aprobar, sobre todo porque el Gobierno ha anunciado una reducción de la oferta de empleo público para los próximos años, por lo que "el futuro se presenta muy negro para los opositores".
Otro aspirante comentó que para relajarse intenta hacer "un poco de deporte", al tiempo que aseguró que mañana llevará "unas valerianas" al examen "pero sólo por si acaso". En esta línea, señaló que él conoce a gente que se ha apuntado incluso a seminarios sobre técnicas de relajación y respiración organizados por las academias de oposiciones. Además, afirmó que va a tener el teléfono móvil apagado hasta que salga del examen, para estar completamente aislado del mundo en las horas previas.
Este opositor agregó que una de sus principales preocupaciones es que, después de conseguir aprobar, le tocara una plaza fuera de su Comunidad -Galicia-, por lo que tal vez tendría que "renunciar" a ella debido a su situación personal. Añadió que un comentario muy generalizado entre los aspirantes a funcionario es que conseguir plaza en el norte de España es bastante complicado, debido a que tradicionalmente un alto porcentaje de los aspirantes son de esa zona y quieren quedarse allí, lo cual aumenta la competencia.
PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección estará formado por una fase de oposición que constará de dos ejercicios, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio. El primer ejercicio, que es el que tiene lugar mañana, tiene dos partes: un cuestionario de sesenta preguntas -treinta de temario sobre organización pública y treinta de psicotécnico-, y otro cuestionario de otra treintena de cuestiones sobre informática y actividad administrativa.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de setenta minutos. El cuestionario de ambas pruebas estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación.
El segundo ejercicio, que sólo harán, en un plazo aproximado de un mes y exclusivamente en Madrid, quienes aprueben las pruebas de mañana, será de carácter práctico sobre el procesador de textos Word 2003 y la hoja de cálculo Excel 2003. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos.
156 PLAZAS PARA DISCAPACITADOS
Del total de plazas convocadas se reservarán 156 para ser cubiertas por personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. Además, de éstas, se reservarán específicamente 64 para personas que acrediten discapacidad intelectual, quienes no podrán participar por el resto de plazas reservadas para personas con otra discapacidad.
No obstante lo anterior, si alguno de los aspirantes presentados por el cupo de reserva para personas con discapacidad intelectual superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el citado cupo, será incluido por su orden de puntuación en el cupo general de reserva para personas con discapacidad, siempre que hayan quedado vacantes en este cupo general o, en su caso, en igualdad de condiciones en las de acceso general. Las plazas no cubiertas del cupo de reserva para personas con discapacidad intelectual se acumularán al cupo general para personas con discapacidad.
Orihuela:El Palacio de Justicia se queda pequeño a los cuatro años de abrir y busca local
El edificio, pagado por el Ayuntamiento en 2005, costó cinco millones de euros y la Conselleria necesita alquilar un bajo para el futuro juzgado número 8.
Los pasillos del Palacio de Justicia de Orihuela no dan para más paredes de pladur. La Generalitat se verá obligada en enero a alquilar locales para albergar el octavo juzgado mixto de Orihuela y sacarlo fuera del actual edificio sólo cuatro años después de fueran inauguradas las actuales dependencias. Instalaciones en la plaza de Santa Lucía oriolana que costaron en su día más de 5 millones euros al Ayuntamiento. Lo cierto es que desde que fuera inaugurado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en junio de 2005, el Palacio de Justicia no ha salido de la precariedad en recursos materiales y humanos pese a estar alojado en un edificio de nueva planta. Un edificio donde trabajan más de un centenar de funcionarios y donde se encuentra la ubicación de siete juzgados mixtos, dos de Lo Penal, dos de refuerzo de Lo Penal y un juzgado de Violencia Sobre la Mujer -que ocupan el equivalente a dos juzgados-, además de la sede de la Fiscalía y del Registro Civil, entre otras dependencias. Pero ya desde el momento en el que se abrieron sus puertas, los trabajadores advirtieron que el Palacio de Justicia nacía pequeño, a pesar de contar con 5.000 metros cuadrados construidos. Espacios diáfanosMientras que los juzgados no terminaban de cumplir las exigencias mínimas de habitabilidad en el trabajo, según los sindicatos, el proyecto contempló grandes espacios diáfanos en el acceso principal al aire libre y que ocupa buena parte de la parcela, además de terrazas externas en cada piso. Espacios a los que no se les pueda dar uso. Todo son estrecheces en el Registro Civil y en el Decanato -en la planta baja- y se han tenido que improvisar cuatro juzgados, dependencias para los fiscales o para el servicio de notificaciones en los huecos disponibles. En la última operación de estas características Justicia decidió ganarle espacio a los pasillos del primer y segundo piso con paredes de pladur este verano. Los funcionarios, que ya soportan una de las cargas de trabajo más abultadas de España, según la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, han tenido que convivir durante todo el verano con estas obras pertrechándose de mascarillas y arrumbando los expedientes en lugares inverosímiles. Como colofón los nuevos juzgados de refuerzo que se van a abrir con estas obras tan solo están dotados con un solo funcionario cada uno. El edificio -al que técnicamente se le podría añadir una planta- y la parcela sobre la que se levantó la costeó íntegramente el Ayuntamiento de Orihuela a través un convenio por el que iba a recibir de la Generalitat las antiguas dependencias judiciales de la calle Santa Justa. Intercambio que no se ha hecho efectivo.Fuente: www.diarioinformacion.com
Orihuela: La Generalitat debe el consumo de agua de un año de las dependencias judiciales
La Conselleria de Justicia adeuda más de 1.500 euros a la suministradora de agua potable de Orihuela por el consumo en el Palacio de Justicia de esta ciudad. La administración autonómica no paga las facturas desde el último trimestre de 2008. En circunstancias normales -para los usuarios que no son la administración- se da de baja los consumidores cuando son devueltos dos recibos consecutivos. El Palacio de Justicia necesita ese agua como un servicio básico para llevar a cabo la limpieza de las dependencias y dotar a los aseos de la primera planta, destinados a los usuarios, y a los ubicados en la primera y segunda, que utilizan los más de cien trabajadores que acuden a diario a trabajar. Presupuesto públicoLa Conselleria de Justicia ha devuelto muchos de esos recibos sin abonar pero la empresa suministradora, conocedora de las carencias presupuestarias de las entidades públicas no ha hecho valer las normas que sí rigen para el resto de los clientes privados, empresas o particulares. Con ésta y otras administraciones se es flexible porque se sabe que al final terminan pagando, aunque tarde y mal y sin intereses de demora, pero pagan.La empresa suministradora, Aquagest, no quiso valorar ayer la deuda que la Conselleria mantiene con la empresa.
Fuente: www.diarioinformacion.com
OPOSICION 2008. TPA Libre. Convatoria 2º Examen.
En la página web del Ministerio se han hecho públicos los siguientes:
- Convocatoria del Segundo Examen de la Oposición de Tramitación Libre en la que se incluyen nuevos opositores.
- Listado y distribución de Aulas.
Os recordamos que el examen es el próximo día 17 de octubre a las 9.00 horas.
plantilla provisional aux.adm estado primer examen
Os cuelgo una plantilla k hay en un foro, espero que os haya ido bien
http://www.megaupload.com/?d=YFN7T6J0
http://www.megaupload.com/?d=YFN7T6J0
Tienes una primera hoja de Excel llamada "respuestas correctas" con las respuestas provisionales del examen, tú tienes que rellenar la segunda hoja de Excel llamada "opositor1", en la columna llamada "mi plantilla", con las respuestas de tu examen y así obtendrás tu nota provisional.
Mañana saldrá la plantilla oficial de respuestas en la web del INAP: http://www.inap.es/
El juez que es "más que amigo" de Camps (sin comentarios)
De la Rúa está cada vez más solo. Sus continuas alabanzas al presidente valenciano y sus críticas al Ejecutivo socialista erosionan su imagen.
El recorrido del caso Gürtel en Valencia ha puesto en el ojo del huracán a Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Dijo sentirse "feliz" de que Francisco Camps le considerara "más que un amigo". Y no consideró que ni eso ni otras proximidades con el presidente autonómico fueran motivo para abstenerse del caso en el que Camps estaba imputado por supuesto delito de cohecho. Firmó el archivo del caso. Además, ha decidido, junto a los magistrados Juan Montero y José Francisco Ceres, ignorar un informe policial que, además de incluir nuevos datos sobre los trajes y otros regalos comprados en Milano y Forever Young, destapa una posible financiación ilegal del PP valenciano a través de una trama de facturación opaca con Orange Market (mercantil fundamental en el caso Gürtel) y al menos seis constructoras.
De la Rúa (Salamanca, 1943) fue, dicen los de más recorrido en la carrera judicial, un "muy buen" juez de instrucción y un "brillante" magistrado de Lo Social. Era, cuentan, junto a los también magistrados Francisco Pérez y Gonzalo Moliner, de los más próximos a la realidad del trabajador en los pleitos, con un cierto aire "paternalista". Más de 50 jueces en ejercicio han sido preparados por él. Y muchos, hoy, no le reconocen. De la Rúa firmó el archivo definitivo de la causa, a pesar de los indicios que detalló el magistrado de su misma sala, José Flors. A muchos magistrados, su intervención en este caso les irrita porque empaña, dicen, "el esencial principio de imparcialidad". Más aún, cuando el propio De la Rúa, incluso a quienes le recomendaron que se mantuviera al margen, les respondió que no lo haría y que si alguien consideraba lo contrario, que lo planteara, que no prosperaría.
Está adscrito a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Preside el Tribunal de Justicia valenciano desde 1999 y su nombramiento fue recibido con tranquilidad por el sector más progresista. Ahora, está en situación de prórroga. Su segundo mandato terminó el pasado 6 de julio. Su plaza saldrá en breve. Y las críticas son feroces. No cuenta siquiera con el respaldo de su asociación, que ha manifestado su apoyo a Pedro Castellano, presidente de la Audiencia Provincial, un relevo natural para el sector más cercano a la derecha. No tiene plaza en el Tribunal Supremo, al que ha aspirado en dos ocasiones y en cuyos concursos no ha logrado los apoyos necesarios.
En el discurrir de su presidencia ha ido creciendo la oposición por entenderse desde dentro de la judicatura que no siempre ha guardado la necesaria independencia del poder judicial respecto, especialmente, a la Administración autónoma. De forma especialmente significativa, en los últimos cinco años, De la Rúa ha aprovechado comparecencias públicas institucionales para destacar los logros del Gobierno popular de Camps en materia de justicia (por la consecución de la Ciudad de la Justicia, por reivindicar más juzgados, por respaldarle en la petición de más plazas de jueces). Y ha criticado al Gobierno central por "no atender a las necesidades valencianas, no modificar la planta judicial, no sensibilizarse con la creación de juzgados". La última ocasión, en el V Congreso Tributario (celebrado los días 16, 17 y 18 de septiembre en Valencia). En ese foro, junto a la secretaria autonómica, Patricia Montagut, jaleó las inauguraciones y esfuerzos de la Generalitat para "mejorar la justicia".
Magistrados valencianos consideran que "nunca ha mantenido un espíritu reivindicativo frente a la Administración autónoma". Alguno añade que en las reuniones de la comisión mixta, integrada por la Generalitat y el alto tribunal valenciano, "uno se llega a confundir, no se sabe quién es quién".
Para los que defienden una posición alejada del máximo representante autonómico del poder judicial, un episodio que despertó un enorme rechazo fue su respaldo a la juez Laura Alabau, ahora en Valencia, que desde el que era su destino en el Registro Civil de Dénia (Alicante) se negó sistemáticamente a celebrar bodas entre homosexuales, y fue sancionada por ello. Alabau logró de la Junta de Gobierno presidida por De la Rúa, con especial empeño de Pedro Castellano, una comisión de servicio que le proporcionó un destino tranquilo, para muchos "inmerecido" en tanto otros candidatos tenían mayores méritos indiscutibles para ello.
Ha molestado, y mucho, que en representación institucional participara, por ejemplo, en la apertura del año judicial eclesiástico, evento para el que en alguna ocasión envió invitaciones a los magistrados. Y que con cierta regularidad acuda como invitado al palco del Valencia, presente en contenciosos varios que deben resolver órganos judiciales valencianos.
Es hombre de referencia personal y profesional para Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo del Poder Judicial y ex consejero de Justicia del Gobierno de Camps, su único apoyo claro en el seno de ese órgano. Cuando la Sala de Lo Civil y Penal que preside aceptó la competencia del caso Gürtel, la atención sobre él se intensificó. No sólo no calló cuando Camps le señaló públicamente como "más que un amigo", no sólo dijo sentirse "feliz" por ello, sino que defendió que esa relación, que él califica de "institucional", no era razón para alejarle del procedimiento. Algunos dicen que a esa proximidad públicamente conocida y a sus posibles coincidencias ideológicas, pueden sumarse otras vinculaciones.
De la Rúa vive en la sede del Tribunal Superior valenciano, un palacio neoclásico declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982. Su residencia ocupa, en la cuarta planta, 300 metros cuadrados. Los gastos que de ella se derivan los paga la Generalitat. No es la casa que usa de lunes a viernes para estar fácilmente disponible. No. Es la casa familiar. En ella han vivido sus cinco hijos, vinculados también a la carrera judicial. En ella juegan sus nietos. A esas dependencias acuden sus amigos. Una capilla en la vivienda ha sido testigo de privadas ceremonias. Las razones de seguridad no son suficientes para quienes desde dentro de la carrera judicial defienden el fin de privilegios que pueden contaminar la independencia. Esos mismos critican que la Administración haya buscado como coartada para no afrontar el asunto hacerle un hueco en el mismo edificio al fiscal del alto tribunal valenciano.
Poco antes de que De la Rúa accediera al cargo, el entonces director general de Justicia y hoy juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quiso terminar con ese concepto de residencia en un edificio público. Advirtió al anterior presidente, Juan José Marí, poco antes de que falleciera de que debía desalojarlo. Pero la llegada de De la Rúa frustró tal intento y el PP en la Generalitat no fue capaz de decirle no.
La cobertura de Ceres y Montero
José Francisco Ceres y Juan Montero son los dos magistrados que acompañan a Juan Luis de la Rúa en el devenir del caso Gürtel en Valencia. Los dos son objeto también de fuertes críticas. Tienen en común con el presidente su condición de conservadores. Ceres, cuyo nombramiento vuelve a estar recurrido, por segunda vez, ante el Tribunal Supremo, obtuvo la plaza de magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal desde el puesto en la ejecutiva de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Contó con el apoyo expreso de Juan Luis de la Rúa, que defendió como méritos suficientes su corta experiencia al frente de un juzgado mixto y uno de ejecutorias penales, y su condición de experto en derecho histórico valenciano. Eso dejó fuera a candidatos con más de 20 años de ejercicio, magistrados de Audiencia Provincial o del propio Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Supremo dijo que no se habían explicado las razones objetivas para elegirle. Sin grandes variaciones fue vuelto a nombrar. Y, ahora, vuelto a recurrir. Entre tanto, Ceres ha sumado a su currículo figurar como ponente del archivo del caso Camps.
Juan Montero, propuesto por el PP en las Cortes Valencianas en los 90 para ocupar un puesto vitalicio en el TSJ que compagina con su cátedra de derecho procesal en la Universidad de Valencia, no ha sorprendido a los magistrados que le conocen. Ni siquiera cuando durante el proceso dijo sin responder a nada que la acusación particular del caso Gürtel, los socialistas, pretendían una cacería. Él propuso a sus compañeros de sala que el informe policial se eliminara del caso.
Está adscrito a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Preside el Tribunal de Justicia valenciano desde 1999 y su nombramiento fue recibido con tranquilidad por el sector más progresista. Ahora, está en situación de prórroga. Su segundo mandato terminó el pasado 6 de julio. Su plaza saldrá en breve. Y las críticas son feroces. No cuenta siquiera con el respaldo de su asociación, que ha manifestado su apoyo a Pedro Castellano, presidente de la Audiencia Provincial, un relevo natural para el sector más cercano a la derecha. No tiene plaza en el Tribunal Supremo, al que ha aspirado en dos ocasiones y en cuyos concursos no ha logrado los apoyos necesarios.
En el discurrir de su presidencia ha ido creciendo la oposición por entenderse desde dentro de la judicatura que no siempre ha guardado la necesaria independencia del poder judicial respecto, especialmente, a la Administración autónoma. De forma especialmente significativa, en los últimos cinco años, De la Rúa ha aprovechado comparecencias públicas institucionales para destacar los logros del Gobierno popular de Camps en materia de justicia (por la consecución de la Ciudad de la Justicia, por reivindicar más juzgados, por respaldarle en la petición de más plazas de jueces). Y ha criticado al Gobierno central por "no atender a las necesidades valencianas, no modificar la planta judicial, no sensibilizarse con la creación de juzgados". La última ocasión, en el V Congreso Tributario (celebrado los días 16, 17 y 18 de septiembre en Valencia). En ese foro, junto a la secretaria autonómica, Patricia Montagut, jaleó las inauguraciones y esfuerzos de la Generalitat para "mejorar la justicia".
Magistrados valencianos consideran que "nunca ha mantenido un espíritu reivindicativo frente a la Administración autónoma". Alguno añade que en las reuniones de la comisión mixta, integrada por la Generalitat y el alto tribunal valenciano, "uno se llega a confundir, no se sabe quién es quién".
Para los que defienden una posición alejada del máximo representante autonómico del poder judicial, un episodio que despertó un enorme rechazo fue su respaldo a la juez Laura Alabau, ahora en Valencia, que desde el que era su destino en el Registro Civil de Dénia (Alicante) se negó sistemáticamente a celebrar bodas entre homosexuales, y fue sancionada por ello. Alabau logró de la Junta de Gobierno presidida por De la Rúa, con especial empeño de Pedro Castellano, una comisión de servicio que le proporcionó un destino tranquilo, para muchos "inmerecido" en tanto otros candidatos tenían mayores méritos indiscutibles para ello.
Ha molestado, y mucho, que en representación institucional participara, por ejemplo, en la apertura del año judicial eclesiástico, evento para el que en alguna ocasión envió invitaciones a los magistrados. Y que con cierta regularidad acuda como invitado al palco del Valencia, presente en contenciosos varios que deben resolver órganos judiciales valencianos.
Es hombre de referencia personal y profesional para Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo del Poder Judicial y ex consejero de Justicia del Gobierno de Camps, su único apoyo claro en el seno de ese órgano. Cuando la Sala de Lo Civil y Penal que preside aceptó la competencia del caso Gürtel, la atención sobre él se intensificó. No sólo no calló cuando Camps le señaló públicamente como "más que un amigo", no sólo dijo sentirse "feliz" por ello, sino que defendió que esa relación, que él califica de "institucional", no era razón para alejarle del procedimiento. Algunos dicen que a esa proximidad públicamente conocida y a sus posibles coincidencias ideológicas, pueden sumarse otras vinculaciones.
De la Rúa vive en la sede del Tribunal Superior valenciano, un palacio neoclásico declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982. Su residencia ocupa, en la cuarta planta, 300 metros cuadrados. Los gastos que de ella se derivan los paga la Generalitat. No es la casa que usa de lunes a viernes para estar fácilmente disponible. No. Es la casa familiar. En ella han vivido sus cinco hijos, vinculados también a la carrera judicial. En ella juegan sus nietos. A esas dependencias acuden sus amigos. Una capilla en la vivienda ha sido testigo de privadas ceremonias. Las razones de seguridad no son suficientes para quienes desde dentro de la carrera judicial defienden el fin de privilegios que pueden contaminar la independencia. Esos mismos critican que la Administración haya buscado como coartada para no afrontar el asunto hacerle un hueco en el mismo edificio al fiscal del alto tribunal valenciano.
Poco antes de que De la Rúa accediera al cargo, el entonces director general de Justicia y hoy juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quiso terminar con ese concepto de residencia en un edificio público. Advirtió al anterior presidente, Juan José Marí, poco antes de que falleciera de que debía desalojarlo. Pero la llegada de De la Rúa frustró tal intento y el PP en la Generalitat no fue capaz de decirle no.
La cobertura de Ceres y Montero
José Francisco Ceres y Juan Montero son los dos magistrados que acompañan a Juan Luis de la Rúa en el devenir del caso Gürtel en Valencia. Los dos son objeto también de fuertes críticas. Tienen en común con el presidente su condición de conservadores. Ceres, cuyo nombramiento vuelve a estar recurrido, por segunda vez, ante el Tribunal Supremo, obtuvo la plaza de magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal desde el puesto en la ejecutiva de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Contó con el apoyo expreso de Juan Luis de la Rúa, que defendió como méritos suficientes su corta experiencia al frente de un juzgado mixto y uno de ejecutorias penales, y su condición de experto en derecho histórico valenciano. Eso dejó fuera a candidatos con más de 20 años de ejercicio, magistrados de Audiencia Provincial o del propio Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Supremo dijo que no se habían explicado las razones objetivas para elegirle. Sin grandes variaciones fue vuelto a nombrar. Y, ahora, vuelto a recurrir. Entre tanto, Ceres ha sumado a su currículo figurar como ponente del archivo del caso Camps.
Juan Montero, propuesto por el PP en las Cortes Valencianas en los 90 para ocupar un puesto vitalicio en el TSJ que compagina con su cátedra de derecho procesal en la Universidad de Valencia, no ha sorprendido a los magistrados que le conocen. Ni siquiera cuando durante el proceso dijo sin responder a nada que la acusación particular del caso Gürtel, los socialistas, pretendían una cacería. Él propuso a sus compañeros de sala que el informe policial se eliminara del caso.
Fuente: http://www.elpais.com/
domingo, 27 de septiembre de 2009
TRAMITACIÓN TURNO LIBRE: últimas informaciones aportadas por CSI.F
Como ya sabéis, el segundo ejercicio está señalado para el próximo 17 de octubre. CSI.F ha informado de las siguientes novedades:
- El Tribunal Calificador Unico publicará Acuerdo por el que se amplía la lista de aprobados del primer ejercicio en 12 personas más.
- La primera parte del ejercicio, el test, se realizará a las NUEVE HORAS, común para todas las sedes, de 30 minutos de duración.
- La segunda parte, la prueba de word, se realizará a continuación y podrá tener lugar en varios turnos (Madrid y Barcelona). El orden de actuación será igualmente comenzando con la letra X.
- Así, por ejemplo, en Madrid, se celebrará en la Politécnica de Informática de la Universidad Autónoma de Madrid (Canto Blanco).
- Dicha Universidad tiene 10 salas (que llaman laboratorios) y cada sala tiene 30 ordenadores, por lo que habrá llamamientos de 300 en 300.
- Hay 1260 opositores, aproximadamente dos por plaza. Habrá cuatro llamamientos más cada hora y media, por lo que el último sería sobre las dos y media de la tarde.
Podéis consultar esta información en la página web de CSI.F Nacional de Justicia, en el siguiente enlace:
sábado, 26 de septiembre de 2009
El papel oficial para el juzgado de Sueca llega cinco minutos antes de cerrar
Los funcionarios judiciales de Mislata, Llíria y Sagunto están desbordados ante la falta de material.
La situación e imagen de los juzgados valencianos no es la mejor que pueda ofrecer a los ciudadanos hasta tal punto que muchos de ellos se quedaron sin papel oficial o folios para instruir las diligencias tal y como denunció LAS PROVINCIAS en el caso de la sala número 3 de Sueca.
Tras la denuncia y la indignación de la magistrada de este juzgado, Ana Faus, ayer, cinco minutos antes de cerrar el Palacio de Justicia, llegaba un vehículo cargado con ocho paquetes de papel oficial. Pero claro, antes, la jueza y los funcionarios se tuvieron que buscar la vida y pedir prestado a otras salas de este partido judicial folios en blanco para poder atender a las seis comparecencias previstas.
«Hoy (por ayer) saldremos del paso, tenemos seis declaraciones de imputados y para ello, como en otras ocasiones, hemos pedido prestado el papel a otros juzgados; eso sí, lo apuntan y los tenemos que devolver», explicó a ayer a LAS PROVINCIAS la jueza.
Cartel
Mientras, un funcionario entraba a su despacho y le preguntaba: «Señoría, ¿le queda algún folio?», y la magistrada le decía, «Mira, por aquí hay uno». Cabe recordar que Ana Faus, el pasado jueves, llegó a colgar un cartel en la puerta de su sala en la que se podía leer que no podían atender al público «porque no tenemos papel».
«A primera hora me han llamado desde el Tribunal Superior de Justicia el secretario de Gobierno prometiéndome que los folios llegarían y cuando te llaman en persona es que la reivindicación se la han cogido en serio. Sólo quiero recordar que el pedido hace tiempo que lo hicimos a la Conselleria de Justicia, pero aún no ha llegado», señaló.
La jueza del número 3 también señaló otras deficiencias en esta sede judicial como el tema de los intérpretes o traductores. «Lo que no puede ser es que una diligencia que está escrita en rumano tarden un año en mandármela, eso significa tener paralizado un proceso un año», lamentó.
Pasaban las horas y los folios no llegaban, funcionarios y magistrada hicieron su trabajo como pudieron y sobre las dos de la tarde llegó el «papel más deseado» por los trabajadores.
Por su parte, el CSI-F ya avisó hace unos tres meses de que el papel oficial se estaba acabando en los juzgados. El secretario autonómico de Justicia del sindicato, José Vicente Cabo, explicó que en muchos casos se estaba fotocopiando el último papel oficio para poder seguir practicando diligencias y firmando resoluciones en los juzgados.
Esta misma semana, Cabo visitó varios juzgados de la provincia y todos le transmitieron la misma preocupación: la falta de material. Sin embargo, quizás sean los juzgados de Mislata, Llíria y Sagunto los que mayor escasez están sufriendo. Cabo lamentó además que los problemas sólo se solucionen cuando se denuncian en los medios de comunicación.
fUENTE: LAS PROVINCIAS.ESjueves, 24 de septiembre de 2009
tramitacion
El Tribunal Calificador Único de TRAMITACIÓN, LIBRE publicará mañana o pasado, Acuerdo por el que se amplía la lista de aprobados del primer ejercicio en 12 personas más, tras la correspondientes nuevas correcciones.
Además convocará a la celebración del segundo ejercicio, para el sábado 17 de octubre en todas las sedes de examen, siendo la primera parte (el cuestionario) a las 9 hs. y la segunda parte (la prueba de ordenador) a continuación, el mismo día 17 en todas las sedes, CON LA SALVEDAD DE QUE HABRÁ VARIOS TURNOS EN ALGUNAS CC.AA. (entre ellas Cataluña y Madrid) con dificultades para su realización al mismo tiempo por el número de opositores en relación a la capacidad de las aulas de informática.
Los turnos comenzarán a partir de la Letra "X", durante las sesiones que sean necesarias, PERO TODOS EN EL MISMO DÍA 17 DE OCTUBRE.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
Segundo ejercicio Tramitación Turno Libre
Según nos ha comunicado el coordinador de procesos selectivos del Ministerio de Justicia, la segunda prueba (word), del segundo ejercicio, se celebrará el mismo día (17 de octubre), y en el mismo lugar que la primera prueba, una vez finalizada ésta y a la hora que señale el Tribunal.
lunes, 21 de septiembre de 2009
bolsa baleares
Plazo para presentación de solicitudes: del 22 de septiembre al 7 de octubre
http://stajastur.blogspot.com/2009/09/convocatoria-bolsas-de-trabajo-islas.html
http://stajastur.blogspot.com/2009/09/convocatoria-bolsas-de-trabajo-islas.html
domingo, 20 de septiembre de 2009
Convocatoria bolsas de trabajo de Burgos
Plazo de presentación de instancias: del 22 de septiembre al 7 de octubre. Para trabajar en las provincias de Burgos, Soria, Segovia y Avila. Es requisito haberse presentado a alguna de las dos últimas convocatorias (2008 o 2006). En cuanto a los méritos, se tendrá en cuenta haber superado ejercicios de las convocatorias 2003 y 2006 para Gestión y Tramitación, y las convocatorias 2006 y 2008 para Auxilio.
http://stajastur.blogspot.com/2009/09/convocatoria-bolsas-de-trabajo-de.html
http://stajastur.blogspot.com/2009/09/convocatoria-bolsas-de-trabajo-de.html
sábado, 19 de septiembre de 2009
OPOSICIONES 2008. AUXILIO NUEVO LISTADO DE APROBADOS.
Acaba de publicarse Acuerdo del Tribunal de Auxilio Judicial con 8 nuevos aprobados a los que se les concede un plazo de 20 días naturalescomienza a contar desde el día siguiente a esta publicación, es decir, desde el día 19 de septiembre, para la entrega de documentación de méritos a valorar.
Además el Acuerdo establece expresamente que todos los opositores que hayan solicitado revisión de sus ejercicios así como certificado de asistencia a los mismos RECIBIRÁN EN BREVE EN SUS DOMICILIOS CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL TRIBUNAL.
Documentos asociados
Acuerdo del 17 de septiembre. (PDF. 79KB) (versión HTML)
Además el Acuerdo establece expresamente que todos los opositores que hayan solicitado revisión de sus ejercicios así como certificado de asistencia a los mismos RECIBIRÁN EN BREVE EN SUS DOMICILIOS CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL TRIBUNAL.
Documentos asociados
Acuerdo del 17 de septiembre. (PDF. 79KB) (versión HTML)
SEGUNDO EJERCICIO TRAMITACIÓN TURNO LIBRE
Respecto a los de Tramitación- Libre, cuyo segundo ejercicio se celebrará el día 17 de Octubre, el Tribunal aún no ha publicado nueva lista de aprobados. También habrá que tener en cuenta que, si bien el día 17 se celebrará la primera prueba del segundo ejercicio (20 preguntas-test sobre un caso práctico) a la misma hora y en todas las sedes de examen, las propias bases establecen la posibilidad de que "la segunda prueba (prueba de ordenador) pudiera tener lugar en el mismo día de celebración de la primera, a continuación de ésta, o en días inmediatamente posteriores, pudiéndose establecer varios turnos en función de la disponibilidad de aulas dotadas de equipos informático preciso en las distintas sedes de examen" Y esta posibilidad debe, en su caso, anunciarse con la suficiente antelación por el Tribunal Calificador único.
PLAN ESTRATÉGICO DE JUSTICIA. APROBADO EN CONSEJO DE MINISTROS.
En el día de hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros El Plan de Modernización de la Justicia 2010-2012.
El Ministerio de Justicia ha hecho pública una nota de prensa anunciándolo.El mismo se ha desarrollado en dos formatos que se han hecho públicos:
VALORACIÓN PARA JUSTICIA Y PROGRESO.
Únicamente entendemos las prisas de su aprobación por la intención del Ministro de "dar respuesta" a las reivindicaciones de las Asociaciones de Jueces que han anunciado la convocatoria de un nuevo día de huelga durante el mes de octubre.
Pero al margen de las motivaciones que han llevado a esta urgente aprobación, nos ha sorprendido ver en la página 148 del Plan Estratégico arriba incluido, la siguiente referencia: El Plan Estratégico es, en definitiva, un instrumento participativo y consensuado, con vocación de sistematicidad, de coherencia y realismo. Sería conveniente que aquellos que lo hayan consensuado lo digan públicamente.
Desde Justicia y Progreso creemos necesario recordar al Sr. Ministro que la Justicia no se arregla solamente poniendo más Jueces, más Fiscales y más Secretarios, (como propone el Plan Estratégico) también es necesario contar con un número adecuado de "funcionarios de a pie" que deberían crecer en proporción al número de los anteriores.
Sr. Ministro ¿pretende que asumamos más trabajo del que venimos haciendo en la actualidad?, si es así el Plan fracasará.
PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA 2009-2012
Incremento en un 19% de la Planta Judicial
Aumento de 2000 plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales
Despliegue de la nueva Oficina Judicial y del Ministerio Fiscal
Justicia titular y altamente cualificada
Un Registro Civil de servicios único, informatizado y digitalizado .....
¿Y de los trabajadores?, nadie nos tiene en cuenta........... hasta que les hagamos entender que esto no puede funcionar sin nosotros.
Pinchar en la imagen para abrir
lunes, 14 de septiembre de 2009
alcoy tendra nueva sede en 4 años
Aquí os dejo el enlace donde lo pone
http://funcionariosjusticiavalencianos.blogspot.com/2009/09/alcoy-la-nueva-sede-de-los-juzgados.html
http://funcionariosjusticiavalencianos.blogspot.com/2009/09/alcoy-la-nueva-sede-de-los-juzgados.html
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Com. Valenciana: La Generalitat quiere crear 4 partidos judiciales nuevos en la Comunidad
La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, ha anunciado que la Generalitat baraja la creación de cuatro nuevos partidos judiciales en la Comunidad, localizados en Albocàsser (en la provincia de Castellón), Chiva y Bétera (en Valencia) y en una población por determinar de La Marina Alta o Baja (en Alicante). Así lo ha manifestado durante la reunión que ha presidido en Valencia para debatir la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial con los representantes judiciales de las tres provincias.
A la reunión estaban convocados el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, el fiscal jefe de ese tribunal, Ricard Cabedo, los presidentes de las tres audiencias provinciales -Vicente Magro, Carlos Domínguez y Pedro Castellano, de Alicante, Castellón y Valencia, respectivamente- y los decanos de los 36 partidos judiciales.
El encuentro, al que ha asistido también uno de los ocho vocales de la comisión creada por el Ministerio de Justicia para estudiar la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, Silvia Barona, es "una primera toma de contacto" para "pulsar la visión de esos representantes y enriquecer el estudio previo de la comisión", según las fuentes.
La necesidad de esos cuatro nuevos partidos judiciales responde, según Sánchez de León, al "nuevo modelo de administración de Justicia que reclama el ciudadano del siglo XXI".
La consellera ha recordado que el pasado mes de mayo el Ministerio de Justicia aprobó la creación de una comisión integrada por ocho miembros para determinar, estudiar y proponer los elementos esenciales de la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial que sustituirá a la que está vigente en la actualidad, que data de 1988.
La Conselleria ha elaborado un borrador que ha entregado a los representantes judiciales asistentes a la cita en el que se recogen "algunas" de las necesidades de la Comunidad en materia de demarcación y planta judicial, entre las que se encuentra la creación de cuatro partidos judiciales más.
Uno de ellos se ubicaría en Albocàsser (Castellón), donde la puesta en marcha de un centro penitenciario ha supuesto un "notable incremento de la actividad" en el partido judicial de Castellón del que depende, que, además de su trabajo ordinario, debe atender ahora a la población reclusa.
Otra de las propuestas del Consell es la creación de un partido judicial en Chiva (Valencia), justificado por la "gran carga de trabajo" que soportan los juzgados de Requena y en la "gran superficie territorial" sobre la que éstos tienen jurisdicción, en uno de los partidos judiciales más extensos de la Comunidad.
La tercera de las propuesta de partido judicial se localiza en Bétera (Valencia), iniciativa que la Conselleria de Justicia fundamenta en la carga judicial de los juzgados de Lliria, de los que depende esta localidad, y en que esta localidad acoge en Cuartel de Alta Disponibilidad de la OTAN, donde diariamente trabajan más de 2.000 personas.
Además, la Generalitat considera necesario un partido judicial en una localidad por determinar de la "zona de La Marina", en Alicante, con el fin de "aliviar" la carga que actualmente soportan los partidos judiciales de Denia, Benidorm y la Vila-Joiosa.
Éstos han experimentado un "incremento de los asuntos" a resolver por el aumento a su vez de la población de estas localidades, principalmente por parte del gran número de turistas, tanto los estacionales como los que se han asentado en los municipios con el paso de los años.
Fuente: ABC.es
El encuentro, al que ha asistido también uno de los ocho vocales de la comisión creada por el Ministerio de Justicia para estudiar la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, Silvia Barona, es "una primera toma de contacto" para "pulsar la visión de esos representantes y enriquecer el estudio previo de la comisión", según las fuentes.
La necesidad de esos cuatro nuevos partidos judiciales responde, según Sánchez de León, al "nuevo modelo de administración de Justicia que reclama el ciudadano del siglo XXI".
La consellera ha recordado que el pasado mes de mayo el Ministerio de Justicia aprobó la creación de una comisión integrada por ocho miembros para determinar, estudiar y proponer los elementos esenciales de la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial que sustituirá a la que está vigente en la actualidad, que data de 1988.
La Conselleria ha elaborado un borrador que ha entregado a los representantes judiciales asistentes a la cita en el que se recogen "algunas" de las necesidades de la Comunidad en materia de demarcación y planta judicial, entre las que se encuentra la creación de cuatro partidos judiciales más.
Uno de ellos se ubicaría en Albocàsser (Castellón), donde la puesta en marcha de un centro penitenciario ha supuesto un "notable incremento de la actividad" en el partido judicial de Castellón del que depende, que, además de su trabajo ordinario, debe atender ahora a la población reclusa.
Otra de las propuestas del Consell es la creación de un partido judicial en Chiva (Valencia), justificado por la "gran carga de trabajo" que soportan los juzgados de Requena y en la "gran superficie territorial" sobre la que éstos tienen jurisdicción, en uno de los partidos judiciales más extensos de la Comunidad.
La tercera de las propuesta de partido judicial se localiza en Bétera (Valencia), iniciativa que la Conselleria de Justicia fundamenta en la carga judicial de los juzgados de Lliria, de los que depende esta localidad, y en que esta localidad acoge en Cuartel de Alta Disponibilidad de la OTAN, donde diariamente trabajan más de 2.000 personas.
Además, la Generalitat considera necesario un partido judicial en una localidad por determinar de la "zona de La Marina", en Alicante, con el fin de "aliviar" la carga que actualmente soportan los partidos judiciales de Denia, Benidorm y la Vila-Joiosa.
Éstos han experimentado un "incremento de los asuntos" a resolver por el aumento a su vez de la población de estas localidades, principalmente por parte del gran número de turistas, tanto los estacionales como los que se han asentado en los municipios con el paso de los años.
Fuente: ABC.es
martes, 8 de septiembre de 2009
Nuevos aprobados
Acabamos de confirmar con el Ministerio de Justicia que, tras las reclamaciones presentadas por los opositores a los diferentes ejercicios del Turno libre de acceso a los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, se han detectado algunos errores en la corrección de los ejercicios por parte de la empresa adjudicataria que darán lugar a la ampliación de la lista de aprobados:
Esta corrección no afectará a los que ya se encontraban aprobados, por lo tanto, se trata de una ampliación de las listas de aprobados que se publicaron en el mes de julio.
A todos los afectados ya se les ha comunicado su aprobado, y aquellos que, habiendo reclamado y tras la revisión manual de su ejercicio siguen estando suspensos, se les notificará su nota por escrito a lo largo de las próximas semanas.
En el primer ejercicio de Tramitación Libre, el número de nuevos aprobados asciende a unos 10/12 opositores pero en este caso NO SE RETRASA el segundo ejercicio, que se celebrará el 17 DE OCTUBRE.
En el segundo ejercicio de Auxilio, son 3/4 nuevos aprobados y, en este caso, al no existir más exámenes, se les dará un nuevo plazo para presentar la documentación correspondiente para la valoración de méritos.
Desde CCOO hemos exigido al Ministerio la publicación inmediata en su página web de los nuevos listados de aprobados y, en su caso, la nueva convocatoria del segundo ejercicio de Gestión-Libre. A pesar de que no se trata de un número muy elevado de opositores afectados, la tardanza en la publicación de los listados durante todo el proceso selectivo, los errores detectados ahora... ponen en entredicho la competencia de la empresa adjudicataria de este importante servicio quizás debido a la falta de previsión del Ministerio en el altísimo volumen de exámenes de los diferentes Cuerpos a corregir.
lunes, 7 de septiembre de 2009
Comisiones Servicio Reg. Civiles Madrid
Cuerpos: Gestión y Tramitación. Plazo: Hasta el 17 de septiembre. Información: Tlf. 91 720 90 89. Plazas: 4 de Gestión y 10 de Tramitación en el Registro Civil Unico de Madrid capital; otras 10 de Tramitación en Registros Civiles de otras localidades madrileñas. Las plazas se adjudicarán según el puesto de los solicitantes en el escalafón, y se ofrecerán en el concurso de traslado de 2010.
Madrid: Las bandas latinas, en guerra por el territorio
La capital de España es el campo de lucha de grupos organizados que pelean por defender y conquistar territorio. La violencia de estos clanes sudamericanos se conoce desde 2005, pero el asesinato de Isaac Nathael B.G. en Azca la pasada semana, ha renovado la preocupación ciudadana y policial ante este problema latente. La historia delictiva de estos grupos es conocida pero, ¿cuál es la situación actual en las calles de Madrid?
El viernes de la pasada semana fue asesinado un joven dominicano en la zona de bares de Azca. Isaac Nathael B.G., de 17 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza a manos de otro joven sudamericano de su misma edad, que ha sido detenido junto a otros tres chicos de nacionalidad dominicana. El crimen ha cobrado protagonismo al conocerse que Isaac era un jefe intermedio de la banda latina Dominican Don´t Play, y su asesino es un miembro novato de los Trinitarios, su clan rival. A pesar de que las autoridades encarcelaran al que se considera fundador de los Latin King en España, Eric Javier Velastegui (condenado a 21 años de prisión por robo secuestro y violación), y se haya descabezado en otras dos ocasiones a los “reyes latinos”, la violencia entre estas bandas ha vuelto a alterar la tranquilidad madrileña.
La Fiscalía de Madrid ha afirmado en su informe de 2008, que las bandas latinas han retomado su rastro de violencia. A lo largo del pasado año, la Policía ha detenido a 114 personas que han sido identificadas como miembros de bandas latinas; además, 34 de ellos han ingresado en prisión. Los arrestados eran en su mayoría de nacionalidad dominicana y ecuatoriana, y fueron capturados por delitos relacionados con intentos de homicidio, lesiones, robos y peleas.
En la capital española están identificadas cuatro bandas latinas con un número considerable de miembros y con una actividad delictiva destacada. La banda más peligrosa por el volumen de actos delictivos cometidos durante el año pasado son los llamados Dominican Don´t Play, que vieron como las autoridades detuvieron a 54 de sus miembros, y encarcelaron a 22 de ellos. Esta pandilla es de origen dominicano, y su reflejo español está formado por jóvenes de la misma nacionalidad y algunos colombianos. Están identificados más de 600 miembros en Madrid, y se localizan sobre todo en los distritos de Moncloa, Tetuán, Chamberí, Ciudad Lineal y Latina.
El segundo grupo más activo en 2008 son los Ñetas, pandilla que llegó a España hace años protagonizando bastantes episodios violentos. La Policía arrestó a 40 miembros de la banda, encarcelando a seis de ellos. Este clan está compuesto casi en exclusiva por jóvenes de nacionalidad ecuatoriana. Actualmente, se estima que hay en torno a 500 miembros activos en la capital española. Sus lugares de actuación se sitúan en los distritos de Usera y Puente de Vallecas.
Los Latin King, una de las primeras bandas latinas que llegó a España, y protagonista de los actos más violentos de estos grupos en nuestro país desde 2005, año en el que un joven ecuatoriano de 29 años fue asesinado al recibir una puñalada en el pecho, en el distrito de Arganzuela. Esta banda, que ha sido la más numerosa desde su fundación en España y que ahora ha perdido poder, cuenta con miembros ecuatorianos en su mayoría, aunque también están identificados colombianos y algunos dominicanos. Según los datos de la Policía, los Latin King cuentan con menos de 500 miembros, y “su territorio” está focalizado en los distritos de Carabanchel y Villaverde.
El cuarto grupo latino es conocido como los Trinitarios. Esta banda es una escisión de los Dominican Don´t Play, y sus miembros son de nacionalidad dominicana. Según Alfredo Perdiguero, secretario general de la Unión Federal de Policía, los jóvenes pertenecientes a los “Trinity” se encargan de defender a las personas de nacionalidad dominicana de agresiones exteriores, y son rivales de los Dominican Don´t Play porque consideran que éstos solo defienden a los miembros de su grupo, y no al total de la población dominicana emigrada. Es la banda con menos número, ya que cuenta con menos de 200 miembros identificados, aunque quieren adquirir protagonismo en el mundo callejero.
Además, hay grupos con un número de miembros menor a las cuatro bandas principales, que no generan demasiada preocupación a las fuerzas policiales por su poca actividad en los últimos años. Están identificadas dos bandas, de poca repercusión, conocidas como “Fourty Two” (que en 2007 tuvieron su año de apogeo delictivo) y los “Family”.
Las bandas son unas organizaciones con estructura jerarquizada piramidal, con los puestos muy bien delimitados. Hay varios niveles de jefes dentro de la banda, que gobiernan sobre toda la banda de la ciudad, sobre los miembros de un distrito o sobre sus “hermanos” de un barrio concreto. Se reúnen en lugares como parques y zonas de ocio latino (como Azca) en las que establecen los objetivos y hacen balance de los hechos cometidos.
Según Alfredo Perdiguero, se han observado uniones circunstanciales entre bandas para cometer algún delito o para pelear contra una banda rival. Se tiene constancia de la unión por ejemplo, de la alianza entre Dominican Don´t Play y los Trinitarios para cometer robo. Además, la última alianza delictiva de la que se tiene constancia ha sido protagonizada por los Dominican Don´t Play y los Fourty Two, que se unieron para pelear con un grupo de africanos. Perdiguero explica también que estas alianzas son ocasionales, una vez se cumple el objetivo, la rivalidad y el enfrentamiento vuelve a las bandas.
La evolución de las bandas en Madrid ha colocado al grupo Dominican Don´t Play en un lugar destacado sobre el resto de formaciones. La presión policial sobre Latin King y Ñetas, ha provocado que el grupo dominicano se haya hecho fuerte. La policía tiene constancia de que la banda ha acogido a miembros que han salido de Latin Kings y los Ñetas, aumentando asi el número y el poder callejero de los dominicanos.
La principal razón por la que los Latin King no han sido legalizados ni considerados como asociación cultural en Madrid (cosa que sí ha ocurrido en Cataluña), es que la banda situada en la capital no ha condenado la violencia ni los actos delictivos. Esto marca las diferencias entre las “delegaciones” de las bandas latinas, lo que muestra la inexistente unidad de los grupos violentos latinos que habitan en España.
Las bandas latinas, con presencia latente en nuestro país y brotes violentos, cuentan con más de 1.500 miembros identificados en Madrid. Los jóvenes que forman parte de estos grupos tienen una edad comprendida entre los 13 y los 22 años. Tras el asesinato brutal en la zona madrileña de Azca, en la que un miembro de una banda recibió un disparo mortal en la cabeza a manos de otro pandillero, ambos de 17 años, la Policía ha estrechado el cerco a las bandas latinas, pero la lucha por el territorio está viva todavía en la capital española.
Fuente: elimparcial.es
La Fiscalía de Madrid ha afirmado en su informe de 2008, que las bandas latinas han retomado su rastro de violencia. A lo largo del pasado año, la Policía ha detenido a 114 personas que han sido identificadas como miembros de bandas latinas; además, 34 de ellos han ingresado en prisión. Los arrestados eran en su mayoría de nacionalidad dominicana y ecuatoriana, y fueron capturados por delitos relacionados con intentos de homicidio, lesiones, robos y peleas.
En la capital española están identificadas cuatro bandas latinas con un número considerable de miembros y con una actividad delictiva destacada. La banda más peligrosa por el volumen de actos delictivos cometidos durante el año pasado son los llamados Dominican Don´t Play, que vieron como las autoridades detuvieron a 54 de sus miembros, y encarcelaron a 22 de ellos. Esta pandilla es de origen dominicano, y su reflejo español está formado por jóvenes de la misma nacionalidad y algunos colombianos. Están identificados más de 600 miembros en Madrid, y se localizan sobre todo en los distritos de Moncloa, Tetuán, Chamberí, Ciudad Lineal y Latina.
El segundo grupo más activo en 2008 son los Ñetas, pandilla que llegó a España hace años protagonizando bastantes episodios violentos. La Policía arrestó a 40 miembros de la banda, encarcelando a seis de ellos. Este clan está compuesto casi en exclusiva por jóvenes de nacionalidad ecuatoriana. Actualmente, se estima que hay en torno a 500 miembros activos en la capital española. Sus lugares de actuación se sitúan en los distritos de Usera y Puente de Vallecas.
Los Latin King, una de las primeras bandas latinas que llegó a España, y protagonista de los actos más violentos de estos grupos en nuestro país desde 2005, año en el que un joven ecuatoriano de 29 años fue asesinado al recibir una puñalada en el pecho, en el distrito de Arganzuela. Esta banda, que ha sido la más numerosa desde su fundación en España y que ahora ha perdido poder, cuenta con miembros ecuatorianos en su mayoría, aunque también están identificados colombianos y algunos dominicanos. Según los datos de la Policía, los Latin King cuentan con menos de 500 miembros, y “su territorio” está focalizado en los distritos de Carabanchel y Villaverde.
El cuarto grupo latino es conocido como los Trinitarios. Esta banda es una escisión de los Dominican Don´t Play, y sus miembros son de nacionalidad dominicana. Según Alfredo Perdiguero, secretario general de la Unión Federal de Policía, los jóvenes pertenecientes a los “Trinity” se encargan de defender a las personas de nacionalidad dominicana de agresiones exteriores, y son rivales de los Dominican Don´t Play porque consideran que éstos solo defienden a los miembros de su grupo, y no al total de la población dominicana emigrada. Es la banda con menos número, ya que cuenta con menos de 200 miembros identificados, aunque quieren adquirir protagonismo en el mundo callejero.
Además, hay grupos con un número de miembros menor a las cuatro bandas principales, que no generan demasiada preocupación a las fuerzas policiales por su poca actividad en los últimos años. Están identificadas dos bandas, de poca repercusión, conocidas como “Fourty Two” (que en 2007 tuvieron su año de apogeo delictivo) y los “Family”.
Las bandas son unas organizaciones con estructura jerarquizada piramidal, con los puestos muy bien delimitados. Hay varios niveles de jefes dentro de la banda, que gobiernan sobre toda la banda de la ciudad, sobre los miembros de un distrito o sobre sus “hermanos” de un barrio concreto. Se reúnen en lugares como parques y zonas de ocio latino (como Azca) en las que establecen los objetivos y hacen balance de los hechos cometidos.
Según Alfredo Perdiguero, se han observado uniones circunstanciales entre bandas para cometer algún delito o para pelear contra una banda rival. Se tiene constancia de la unión por ejemplo, de la alianza entre Dominican Don´t Play y los Trinitarios para cometer robo. Además, la última alianza delictiva de la que se tiene constancia ha sido protagonizada por los Dominican Don´t Play y los Fourty Two, que se unieron para pelear con un grupo de africanos. Perdiguero explica también que estas alianzas son ocasionales, una vez se cumple el objetivo, la rivalidad y el enfrentamiento vuelve a las bandas.
La evolución de las bandas en Madrid ha colocado al grupo Dominican Don´t Play en un lugar destacado sobre el resto de formaciones. La presión policial sobre Latin King y Ñetas, ha provocado que el grupo dominicano se haya hecho fuerte. La policía tiene constancia de que la banda ha acogido a miembros que han salido de Latin Kings y los Ñetas, aumentando asi el número y el poder callejero de los dominicanos.
La principal razón por la que los Latin King no han sido legalizados ni considerados como asociación cultural en Madrid (cosa que sí ha ocurrido en Cataluña), es que la banda situada en la capital no ha condenado la violencia ni los actos delictivos. Esto marca las diferencias entre las “delegaciones” de las bandas latinas, lo que muestra la inexistente unidad de los grupos violentos latinos que habitan en España.
Las bandas latinas, con presencia latente en nuestro país y brotes violentos, cuentan con más de 1.500 miembros identificados en Madrid. Los jóvenes que forman parte de estos grupos tienen una edad comprendida entre los 13 y los 22 años. Tras el asesinato brutal en la zona madrileña de Azca, en la que un miembro de una banda recibió un disparo mortal en la cabeza a manos de otro pandillero, ambos de 17 años, la Policía ha estrechado el cerco a las bandas latinas, pero la lucha por el territorio está viva todavía en la capital española.
Fuente: elimparcial.es
Caamaño: "La modernización de la Justicia no es cuestión de más recursos materiales"
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, considera que la modernización de la Justicia "no es una cuestión de más recursos materiales", como reclaman las asociaciones de jueces, sino de adoptar otro tipo de medidas para conseguir de una Justicia "muy lenta" a otra "que llegue en hora".Caamaño se refiere así a la convocatoria de huelga para el próximo 8 de octubre anunciada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial, al considerar insuficientes los resultados obtenidos en las negociaciones con el Gobierno, especialmente en materia presupuestaria y de inversiones.
El ministro afirma que el departamento que dirige ha dado muestras suficientes de su voluntad de diálogo y de acercamiento y comprensión de los problemas, "algunos de ellos muy razonables", que alegaban las asociaciones de magistrados, y añade: "Quienes han convocado la huelga tendrán que explicar primero cuáles los motivos y tendrán que responder también ante los ciudadanos españoles".
"Nuestra línea de trabajo va a ser seguir dialogando con los jueces, ser sensibles a todas aquellas demandas (...) que sean razonables, pero si van al paro el día 8 ellos tendrán que explicar cuáles son sus razones y también responder de ellas ante la sociedad española", señala.
"Es verdad que hay que incrementar los recursos y he comprometido en el Parlamento una inversión extraordinaria a pesar de la crisis económica de 600 millones euros a lo largo de tres años para nuevas tecnologías, pero no basta sólo con mas recursos y con más plazas de jueces, que las vamos a seguir convocando (....) Hay que adoptar también otro tipo de reformas", ha añadido.
Entre ellas cita la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, que supondrá la desaparición "de la idea de un Juzgado como algo compuesto por un juez, un secretario y ocho funcionarios" para ir hacia "una oficina de servicios comunes a varios Juzgados, una programación en manos del secretario y unos jueces que de verdad podrán dedicarse a juzgar y ejecutar lo juzgado".
Además, el ministro anuncia la puesta en marcha de un plan de modernización que se ejecutará durante los próximos tres años y que incluye: un nuevo sistema de Registro Civil en España, aprovechando las nuevas tecnologías para dejar atrás la situación actual, con 8.000 registros dispersos por todo el país que siguen trabajando con libros. Un proyecto de ley para impulsar la mediación y el arbitraje en los ámbitos mercantiles y civiles. Y una reforma del Código Penal.
Reforma de la Ley del Aborto
Con respecto a la controvertida reforma de la Ley del Aborto, el ministro de Justicia ha afirmado que era "imprescindible y absolutamente necesaria" para "poner orden" en esta materia y asegura que la norma es "plenamente constitucional y homologable a muchas otras que existen en otros países de nuestro entorno".
"Lo necesitábamos, la sociedad española necesitaba poner orden porque sigue habiendo muchísimos embarazos no deseados en España y sigue habiendo muchas interrupciones de embarazos en nuestro país", afirma Caamaño.
Según el titular de Justicia, la nueva ley permitirá "ganar en seguridad, porque a partir de ahora las mujeres saben que pueden interrumpir voluntariamente su embarazo, pero también saben que sólo lo pueden hacer en un plazo determinado, y por tanto no veremos abortos de no sé cuántos meses".
El ministro asegura que, a pesar del debate que la reforma ha suscitado, "la demanda social existía", y defiende los puntos más polémicos de la ley, como el de que las jóvenes de entre 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento paterno e incluso sin que se informe a sus progenitores.
"Nosotros creemos que esa edad se debe mantener para todo tipo de intervención sanitaria en la que uno decide, pero además creemos que esa edad responde a una situación real (...) A mí como padre sí me preocupa que una mujer de 16 años, en lugar de ir al sistema público de salud, vaya a un sistema paralelo que no tenga absolutamente ninguna garantía".
Según Caamaño, esa reflexión también tiene que estar en el debate sobre el aborto, aunque a veces se ha ocultado tras la polémica de si los padres deben o no ser informados: "El derecho regula las autorizaciones, las edades, lo que nunca podrá regular es la relación de confianza entre padres e hijos. Eso nunca lo va a regular una norma".
Ante el recurso de inconstitucionalidad que el PP ya ha anunciado en caso de que se apruebe la nueva ley, el ministro afirma no estar preocupado porque la norma no cuente con el respaldo ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del Consejo Fiscal, cuyos integrantes se dividieron prácticamente al cincuenta por ciento entre quienes apoyaban la norma y quienes la rechazan.
El Gobierno descarta rebajar la edad penal
El Gobierno no considera necesario reformar la Ley del Menor para rebajar la edad penal desde los 14 años hasta los 12, como acaba de proponer el PP cumpliendo el anuncio que hizo el pasado mes de julio a raíz de la violación de dos niñas en Andalucía por un grupo de menores.
"Creemos que no existe esa necesidad", asegura el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que añade: "el problema no está en rebajar la edad penal, porque los 14 años está en la media de los países democráticos y se considera que con menos de esa edad quien ha cometido un acto, por muy reprobable que sea, es un niño".
Eso no quiere decir, según el ministro, "que ese niño quede impune, lo que está diciendo la ley actual es que ese niño no está dentro del sistema (penal), pero es que no todo se arregla con una respuesta punitiva, no todo tiene solución colocando a la gente en la cárcel".
"Hay soluciones diferenciadas y la ley actual prevé tratamientos específicos de carácter pedagógico y educativo y seguimientos especiales", señala el titular de Justicia, que concluye: "Creemos que esa solución sigue siendo hoy mejor que la pena privativa de libertad para menores de 14 años".
Fuente: estrelladigital.es , elimparcial.es
domingo, 6 de septiembre de 2009
GESTIÓN Y TRAMITACIÓN (AMBOS TURNO LIBRE): se están revisando las correcciones de los primeros ejercicios. ¿Se retrasa el segundo de Gestión?
El sindicato CSI.F ha hecho pública la siguiente e importantísima noticia:
REUNIÓN DÍA 3 SEPTIEMBRE 2009
TRIBUNAL DE GESTIÓN PROCESAL, TURNO LIBRE, E INFORMACIÓN SOBRE OTROS PROCESOS
TRIBUNAL DE GESTIÓN PROCESAL, TURNO LIBRE, E INFORMACIÓN SOBRE OTROS PROCESOS
La Secretaria del Tribunal informó que se ha procedido a revisar las notas de varios opositores que habían reclamado, concretamente 45, de los que, al parecer, 8 de ellos tenían razón. Se comprobó que realmente tenían razón porque la corrección de sus exámenes, tras la revisión llevada a cabo por la empresa correctora, pasó de ser suspensos A SER APROBADOS. A la vista de ese resultado, la propia empresa ha comunicado al Ministerio de Justicia que va a proceder a la revisión de todos los exámenes de la oposición de Gestión Procesal.
Al parecer este caso también ha sucedido en la oposición de Tramitación Procesal y asimismo la empresa va a proceder a la “corrección de su propia corrección”. Interesante ¿verdad?
Este incidente “podría” provocar que la fecha señalada para el segundo ejercicio de Gestión Procesal – día 20 de septiembre- se retrase, pero este aplazamiento no lo podremos confirmar hasta ver cuánto tarda la empresa correctora en volver a “comprobar” las notas que ha emitido inicialmente.
Podéis consultar la noticia directamente en la página web de CSI.F Sector Nacional Justicia en este enlace:
jueves, 3 de septiembre de 2009
BOLSA DE INTERINOS DE MADRID: fecha posible de publicación
Según informa el sindicato CSI.F, aunque la Bolsa de la Comunidad de Madrid aún no tiene fecha exacta de publicación, es posible que ésta se produzca sobre el 20 de septiembre.
BOLSA DE INTERINOS DE ÓRGANOS CENTRALES: fecha de apertura, según el borrador
Como ya se ha informado anteriormente, CSI.F ha hecho público que la Mesa de negociación del borrador de la Bolsa de Órganos Centrales está convocada para el próximo diez de septiembre. Según dicho borrador, el plazo de presentación de solicitudes para formar parte de las bolsas de trabajo será de trece días hábiles, que se establece entre los días 14 al 30 de septiembre de 2009, ambos inclusive.
No obstante, se trata de lo establecido en el borrador, por lo que habrá que estar a lo que resulte de la aprobación definitiva y su publicación.
CSI.F denuncia que el Ministerio da la espalda a los funcionarios de Justicia con su "Plan Estratégico para la Modernización"
es un noticia interesante de queja del csif al ministerio de justicia http://justiciaoposiciones.blogspot.com/2009/09/csif-denuncia-que-el-ministerio-da-la.html
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Algeciras: Los taxistas dejan de prestar servicio a Justicia por falta de pago
La cooperativa de Radio Taxi, que reúne a más de 100 profesionales en Algeciras, no recibió ayer el ingreso de la Consejería de Justicia por los servicios prestados. El presidente del colectivo, Fernando Martín, explicó a última hora de ayer que no habían recibido ninguna notificación por parte de la Junta de Andalucía y que tras acudir a la entidad bancaria verificaron que no se había realizado el ingreso por la cantidad que les adeudan, que asciende a más de 24.000 euros.Radio Taxi envió a la Consejería de Justicia una carta en la cual advertían que si no se hacía efectivo el pago antes del 31 de agosto los taxistas no prestarían servicio a los funcionarios de Justicia a partir de hoy, 1 de septiembre. La administración de Justicia depende y mucho de los taxistas ya que las notificaciones, embargos y los desplazamientos de cualquier funcionario se realizan en taxi, según el concierto que la Junta de Andalucía mantiene con la cooperativa.
Asimismo, desde el colectivo aseguraron que no es la primera vez que llegan a esta situación con la Consejería ya que cada tres o cuatro meses deben poner en su conocimiento que los taxistas quieren cobrar por las carreras prestadas y que la deuda se salde. "El colectivo no puede seguir adelante si no tiene ingresos. Somos más de ciento y pico taxistas y la mala situación económica es para todos", argumentó Martín.
La administración de Justicia sufre problemas de este tipo por la falta de recursos. Con antelación a la deuda que la Consejería, que dirige Begoña Álvarez, tiene contraída con los taxistas, los propietarios de los depósitos judiciales de la comarca ya advirtieron de que a partir del pasado 1 de agosto dejarían de prestar servicio. La deuda alcanzada con este colectivo asciende según informaron en rueda de prensa a unos 45 millones de euros. El servicio de Radio Taxi lo utiliza sobre todo la Fiscalía, ya que al ser un órgano único, son los que más desplazamientos deben realizar para juicios y guardias teniendo en cuenta que además está centralizado en Algeciras.
Asimismo, también demandan taxistas para el ejercicio de sus funciones los agentes judiciales, los funcionarios que están en la calle, para realizar notificaciones y embargos.
Cuando el personal de justicia necesita realizar un desplazamiento debe entregar un impreso que firma el secretario judicial y donde se recoge el número del taxi que ha prestado el servicio y el tiempo que éste ha durado. La carrera, no obstante, tendrá unas tarifas concertadas con la propia Consejería. Si bien Radio Taxi valora la facturación que realiza a la Junta de Andalucía también reconoce que es la forma más barata para la Junta de cumplir con el servicio. Desde el colectivo no relacionaron la coyuntura económica actual con la falta de pago aunque reconocieron que sin duda, puede empeorar las cosas.
Fuente: europasur.es
Barcelona: El Ministerio de Justicia deniega otra vez a San Cugat el partido judicia
El Ministerio de Justicia ha vuelto a denegar a San Cugat del Vallés (Barcelona) que se convierta en sede de partido judicial, con lo que la ciudad, de más de 75.000 habitantes, seguirá sin juzgados y dependiendo de los de Rubí. Según informó el consistorio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) oficializó este agosto la creación del octavo juzgado de Rubí, lo que supone dejar a San Cugat sin sede judicial propia.El Ayuntamiento de San Cugat ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de crear el partido judicial de San Cugat. El alcalde, Luis Recoder (CiU), ha trasladado la reclamación de la ciudad a altos cargos de la Generalitat y del Gobierno, pero los resultados no han sido "satisfactorios".
Recoder insiste en la necesidad de crear el partido judicial de San Cugat, al no disponer de juzgados propios, situación que crea un "grave perjuicio" para la ciudadanía pero también para el tejido económico del municipio, ya que todas las empresas de la ciudad tienen que desplazarse al juzgado "más colapsado" de toda España, el de Rubí.
Según el alcalde, no tiene "justificación alguna" que, con la actual situación de "saturación" de los juzgados de Rubí y con el volumen poblacional de San Cugat, no se ponga en marcha un juzgado en esta última ciudad.
Fuente: Yahoo noticias
Baleares: El traspaso de Justicia se podría retrasar
El Ministerio prevé que la transferencia sea efectiva en 2010 aunque se puede demorar en caso de que el Govern no comparta las condiciones económicas en las que se lleve a cabo el traspaso. El conseller de Presidencia, Albert Moragues, achacó el retraso en el traspaso de las competencias de justicia a Baleares por parte del Ejecutivo central al "conflicto interno" que mantiene el Ministerio y los jueces, así como al "importante problema presupuestario" que padece este departamento dirigido por Francisco Caamaño.
En una rueda de prensa, Moragues admitió que desconoce cuándo se producirá la transferencia de estas competencias, teniendo en cuenta que Caamaño aún no ha respondido al informe que el Govern le envió el pasado mes de mayo en el que se cifraba en 121 millones de euros la construcción de siete nuevos edificios judiciales en Palma, Manacor, Inca, Mahón, Ciutadella e Ibiza (96,5 millones) y la reforma de tres inmuebles en Palma y uno en Mahón (24,4 millones) para responder a las necesidades actuales y de crecimiento de la planta judicial en un plazo de entre 20 y 25 años.
"Supongo que el Ministerio nos avisará para retornar las negociaciones", indicó el conseller, quien recordó que el departamento dirigido por Caamaño prevé que la transferencia de las competencias de justicia a Baleares sea efectiva en 2010, aunque se puede retrasar, en caso de que el Govern no comparta las condiciones económicas en las que se lleve a cabo el traspaso.
De momento, Moragues consideró "importante" el compromiso del Ejecutivo central de destinar en los próximos tres años un total de 600 millones de euros para mejorar todas las estructuras judiciales del Estado, desde el punto de vista informático y de medios, lo que, a su juicio, contribuirá a "facilitar" la resolución de los "dos grandes problemas" del Ministerio, en referencia a la falta de presupuesto y al "conflicto aún no resuelto" que mantiene con las asociaciones de jueces, que reclaman más medios al Gobierno.
En este sentido, auguró que si el Ministerio resuelve "rápidamente" las diferencias que mantiene con los jueces y fiscales, "a lo mejor supone una aceleración" en las negociaciones del traspaso de competencias de justicia a Baleares "y podemos acabar el año con esta transferencia".
Informe sin respuesta
Tras presentar en mayo el citado informe, que aún no ha tenido respuesta por parte del Ministerio y en el que se evalúan las inversiones que se deben llevar a cabo en los edificios adscritos a la Administración de Justicia de Baleares, Moragues precisó que el Govern no exige al Ejecutivo central que destine a Baleares 121 millones de euros, sino que reclama la propiedad de los edificios existentes, con el fin de que pueda vender algunos de ellos, de cara a financiar las obras.
No obstante, apuntó que sí será una "condición sine quanon" que el Ejecutivo central pague íntegramente la construcción del nuevo edificio de Ibiza, ya que, en caso contrario, advirtió de que no se aceptará la transferencia.
Asimismo, añadió que actualmente, el Ministerio de Justicia cifra en 55 millones de euros anuales el coste efectivo de la transferencia de la competencia a Baleares, cantidad que, a su juicio, es "insuficiente e inaceptable" y, por tanto, señaló que se deberá renegociar. Por otra parte, apuntó que el Gobierno central no sólo deberá pagar el nuevo edificio de Ibiza, sino también el de Mahón y el de Ciutadella, mientras que también se está negociando que sufrague el de Manacor.
Por otro lado, el objetivo del Govern es reducir los 26 inmuebles judiciales actuales de Baleares a 13, aunque esto supondrá incrementar el número de metros cuadrados de los 54.000 actuales a casi 93.000.
Concretamente, el estudio plantea construir en Palma un nuevo edificio de la Audiencia Provincial y de Jurisdicción Penal, para lo cual se destinarían 8,7 y 37,1 millones de euros, respectivamente.
Asimismo, propone construir un nuevo edificio judicial en Manacor (10 millones), Inca (10 millones), Mahón, donde también se reformaría el edificio existente (7,9 millones), Ciutadella (5,9 millones) e Ibiza (16,8 millones).
Además, propone reformar el Palacio de Justicia de Palma como sede del TSJB (9,6 millones de euros), los juzgados de Vía Alemania (14,6 millones) y el Instituto de Medicina Legal (88.058 euros). Moragues remarcó que otra de las novedades será reducir de 15 edificios en alquiler a un único inmueble, que sería el de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia.
Mediante estas actuaciones, el Ejecutivo autonómico no sólo pretende mejorar los 25 Juzgados de lo Penal existentes en Palma, sino que se reservarán espacios para 12 juzgados más. Asimismo, se reservarán cuatro juzgados en Manacor; cuatro en Inca; tres en Mahón; tres en Ciutadella y 6 en Ibiza.
Fuente: diariodeibiza.es
En una rueda de prensa, Moragues admitió que desconoce cuándo se producirá la transferencia de estas competencias, teniendo en cuenta que Caamaño aún no ha respondido al informe que el Govern le envió el pasado mes de mayo en el que se cifraba en 121 millones de euros la construcción de siete nuevos edificios judiciales en Palma, Manacor, Inca, Mahón, Ciutadella e Ibiza (96,5 millones) y la reforma de tres inmuebles en Palma y uno en Mahón (24,4 millones) para responder a las necesidades actuales y de crecimiento de la planta judicial en un plazo de entre 20 y 25 años.
"Supongo que el Ministerio nos avisará para retornar las negociaciones", indicó el conseller, quien recordó que el departamento dirigido por Caamaño prevé que la transferencia de las competencias de justicia a Baleares sea efectiva en 2010, aunque se puede retrasar, en caso de que el Govern no comparta las condiciones económicas en las que se lleve a cabo el traspaso.
De momento, Moragues consideró "importante" el compromiso del Ejecutivo central de destinar en los próximos tres años un total de 600 millones de euros para mejorar todas las estructuras judiciales del Estado, desde el punto de vista informático y de medios, lo que, a su juicio, contribuirá a "facilitar" la resolución de los "dos grandes problemas" del Ministerio, en referencia a la falta de presupuesto y al "conflicto aún no resuelto" que mantiene con las asociaciones de jueces, que reclaman más medios al Gobierno.
En este sentido, auguró que si el Ministerio resuelve "rápidamente" las diferencias que mantiene con los jueces y fiscales, "a lo mejor supone una aceleración" en las negociaciones del traspaso de competencias de justicia a Baleares "y podemos acabar el año con esta transferencia".
Informe sin respuesta
Tras presentar en mayo el citado informe, que aún no ha tenido respuesta por parte del Ministerio y en el que se evalúan las inversiones que se deben llevar a cabo en los edificios adscritos a la Administración de Justicia de Baleares, Moragues precisó que el Govern no exige al Ejecutivo central que destine a Baleares 121 millones de euros, sino que reclama la propiedad de los edificios existentes, con el fin de que pueda vender algunos de ellos, de cara a financiar las obras.
No obstante, apuntó que sí será una "condición sine quanon" que el Ejecutivo central pague íntegramente la construcción del nuevo edificio de Ibiza, ya que, en caso contrario, advirtió de que no se aceptará la transferencia.
Asimismo, añadió que actualmente, el Ministerio de Justicia cifra en 55 millones de euros anuales el coste efectivo de la transferencia de la competencia a Baleares, cantidad que, a su juicio, es "insuficiente e inaceptable" y, por tanto, señaló que se deberá renegociar. Por otra parte, apuntó que el Gobierno central no sólo deberá pagar el nuevo edificio de Ibiza, sino también el de Mahón y el de Ciutadella, mientras que también se está negociando que sufrague el de Manacor.
Por otro lado, el objetivo del Govern es reducir los 26 inmuebles judiciales actuales de Baleares a 13, aunque esto supondrá incrementar el número de metros cuadrados de los 54.000 actuales a casi 93.000.
Concretamente, el estudio plantea construir en Palma un nuevo edificio de la Audiencia Provincial y de Jurisdicción Penal, para lo cual se destinarían 8,7 y 37,1 millones de euros, respectivamente.
Asimismo, propone construir un nuevo edificio judicial en Manacor (10 millones), Inca (10 millones), Mahón, donde también se reformaría el edificio existente (7,9 millones), Ciutadella (5,9 millones) e Ibiza (16,8 millones).
Además, propone reformar el Palacio de Justicia de Palma como sede del TSJB (9,6 millones de euros), los juzgados de Vía Alemania (14,6 millones) y el Instituto de Medicina Legal (88.058 euros). Moragues remarcó que otra de las novedades será reducir de 15 edificios en alquiler a un único inmueble, que sería el de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia.
Mediante estas actuaciones, el Ejecutivo autonómico no sólo pretende mejorar los 25 Juzgados de lo Penal existentes en Palma, sino que se reservarán espacios para 12 juzgados más. Asimismo, se reservarán cuatro juzgados en Manacor; cuatro en Inca; tres en Mahón; tres en Ciutadella y 6 en Ibiza.
Fuente: diariodeibiza.es
martes, 1 de septiembre de 2009
La Comunitat está a la cola en número de jueces por habitante
Los magistrados creen que es necesario habilitar 160 juzgados nuevos al agravarse el colapso judicial. Cada año entran cien mil asuntos más de los que se resuelven.
La falta de al menos 160 magistrados, según los cálculos judiciales, está lastrando a la justicia valenciana. El colapso de los juzgados valencianos está muy por encima de los que registran los de otras comunidades autónomas por elevado porcentaje de asuntos que se tramitan y la falta de recursos. La Comunitat está a la cola en el número de jueces por habitante. Los responsables judiciales de Valencia, Alicante y Castelló se van a reunir el 7 de septiembre con la consellera de Justicia, Paula Sánchez León, para trasmitirle la necesidad de adoptar medidas urgentes para que la situación "no empeore".Los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que la media nacional es de un juez por cada 10.398 habitantes mientras que en la Comunitat Valenciana la ratio empeora al haber un magistrado por cada 11.325 personas.El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante lamentó ayer que las crisis y la delincuencia golpean a la Comunitat Valenciana con más fuerza que a otras autonomías. Además, aseguró que igualando los recursos a los del resto de España, "nos quedaríamos cortos porque la media nacional tampoco es muy buena. La situación actual deja a la Comunitat Valenciana dos peldaños por debajo". Magro afirmó que hay una cantera de 5.000 opositores a juez por lo que considera que "fondo humano hay", lo que falta "es que se saquen las plazas y se creen juzgados".El informe del Poder Judicial sobre la Estructura demográfica de la Carrera Judicial de 2009 sitúa a la Comunitat Valenciana la quinta por la cola en la cifra de jueces por habitantes. Las regiones más desahogadas son Castilla La Mancha, Asturias, Madrid y Cantabria. Los magistrados valencianos creen que es necesario habilitar 80 juzgados en Valencia, 61 en Alicante y 25 en Castelló. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, lanzó hace tres meses una propuesta más modesta al reclamar 107 órganos judiciales. De la Rúa ya advirtió en mayo de que prácticamente todos los juzgados estaban sobrecargados.La consecuencia del déficit de jueces es que los tiempos de espera se van alargando año a año. El presidente de la Audiencia de Alicante explicó que los juzgados valencianos asumen cada año cien mil asuntos más de los que pueden resolver y que se acumulan generando una bolsa cada vez mayor. Los secretarios judiciales de lo Penal en la ciudad de Alicante ya están señalando a más de dos años vista y cientos de casos pueden prescribir.
Fuente: www.levante-emv.com
La falta de al menos 160 magistrados, según los cálculos judiciales, está lastrando a la justicia valenciana. El colapso de los juzgados valencianos está muy por encima de los que registran los de otras comunidades autónomas por elevado porcentaje de asuntos que se tramitan y la falta de recursos. La Comunitat está a la cola en el número de jueces por habitante. Los responsables judiciales de Valencia, Alicante y Castelló se van a reunir el 7 de septiembre con la consellera de Justicia, Paula Sánchez León, para trasmitirle la necesidad de adoptar medidas urgentes para que la situación "no empeore".Los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que la media nacional es de un juez por cada 10.398 habitantes mientras que en la Comunitat Valenciana la ratio empeora al haber un magistrado por cada 11.325 personas.El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante lamentó ayer que las crisis y la delincuencia golpean a la Comunitat Valenciana con más fuerza que a otras autonomías. Además, aseguró que igualando los recursos a los del resto de España, "nos quedaríamos cortos porque la media nacional tampoco es muy buena. La situación actual deja a la Comunitat Valenciana dos peldaños por debajo". Magro afirmó que hay una cantera de 5.000 opositores a juez por lo que considera que "fondo humano hay", lo que falta "es que se saquen las plazas y se creen juzgados".El informe del Poder Judicial sobre la Estructura demográfica de la Carrera Judicial de 2009 sitúa a la Comunitat Valenciana la quinta por la cola en la cifra de jueces por habitantes. Las regiones más desahogadas son Castilla La Mancha, Asturias, Madrid y Cantabria. Los magistrados valencianos creen que es necesario habilitar 80 juzgados en Valencia, 61 en Alicante y 25 en Castelló. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, lanzó hace tres meses una propuesta más modesta al reclamar 107 órganos judiciales. De la Rúa ya advirtió en mayo de que prácticamente todos los juzgados estaban sobrecargados.La consecuencia del déficit de jueces es que los tiempos de espera se van alargando año a año. El presidente de la Audiencia de Alicante explicó que los juzgados valencianos asumen cada año cien mil asuntos más de los que pueden resolver y que se acumulan generando una bolsa cada vez mayor. Los secretarios judiciales de lo Penal en la ciudad de Alicante ya están señalando a más de dos años vista y cientos de casos pueden prescribir.
Fuente: www.levante-emv.com
Alicante: La provincia arrastra la tercera tasa de asuntos pendientes más alta de España
Que la Justicia alicantina se ahoga entre toneladas de papel no es ninguna novedad. Desde hace más de un año se han sucedido a la velocidad de vértigo estadísticas que lo atestiguan. Pero hay una cifra, de la que se hace eco un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya no deja lugar a dudas: la provincia arrastra, con datos del primer trimestre del 2009, la tasa de pendencia más alta de España sólo por detrás de Toledo y Castellón.Esa medida relaciona la cantidad de asuntos pendientes de resolver al término de un periodo con la de los ya resueltos, y es más favorable cuanto menor sea partiendo del 1. Pues bien, la de Alicante se sitúa en el 1,63, por el 1,71 de Castellón y el 1,85 de Toledo, pero muy por delante de otras provincias colapsadas como Valencia (1,20), Murcia (1,41) y Tenerife (1,53).
A ello se suma que los jueces alicantinos son de los que menos resuelven en términos relativos en el conjunto del Estado. La tasa de resolución en el primer trimestre del año es de 0,92 (en este caso es mejor el valor cuanto más suba del 1), sólo por encima de los castellonenses (0,86), asturianos (0,87), toledanos (0,88) y alcarreños (0,91).
Otra de las medidas que el Poder Judicial utiliza para analizar la situación de los tribunales y juzgados de un territorio es la tasa de congestión, que suma los asuntos ingresados en un periodo a los pendientes para compararlos con los resueltos. De nuevo, Alicante se sitúa a la cabeza del colapso con un 2,64, sólo por detrás, de nuevo también, de Castellón (2,73) y Toledo (2,91).
Por jurisdicciones, la más colapsada en relación a otras provincias es la Penal, donde los juzgados acumulan más de veinte mil sentencias pendientes de ejecutar.
Fuente: laverdad.es
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