lunes, 30 de noviembre de 2009
sábado, 28 de noviembre de 2009
Castellon: Protesta de los funcionarios de Justicia por el colapso
Según han informado en un comunicado conjunto CSI-F, CCOO, STAS y UGT, estas protestas culminan las denuncias que han venido planteando públicamente por la actitud mantenida por la Generalitat, a la que han acusado de no dotar de más medios personales a los órganos judiciales a pesar de los continuos requerimientos efectuados.
Para los sindicatos, estos medios son indispensables para desatascar el aumento considerable de litigios y juicios registrado en esta autonomía, que se ha agravado debido a la crisis.
Fuente: www.elperiodicomediterraneo.com
Valencia: Trabajadores de Justicia se concentran mañana ante la Conselleria y el Palau para protestar por la falta de medios
Los delegados sindicales convocaron la concentración de mañana frente a la sede de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de 10.00 a 11.00 horas, y frente al Palau de la Generalitat, de 12.00 a 13.00 horas, según informaron las organizaciones sindicales UGT, CCOO, STAS y CSI·F.
Según explicaron, los trabajadores de los Juzgados de lo Social, que "no disponen de personal suficiente para agilizar los juicios por despido", y los funcionarios del cuerpo de auxilio encargados de la celebración de los juicios "vienen realizando movilizaciones desde el pasado octubre", en las que se denunció públicamente la "pasividad" de la Conselleria de Justicia y se reclamó "el personal necesario para hacer efectiva una justicia menos lenta y más eficaz".
Estas movilizaciones, indicaron los sindicatos, se están siguiendo en las tres provincias y advirtieron de que continuarán "si la Administración --autonómica-- no inicia las negociaciones para dar solución al conflicto existente". En este caso, están preparadas nuevas movilizaciones para diciembre.
Además, los delegados sindicales convocaron en las provincias de Alicante y Valencia huelgas para el próximo miércoles y jueves, y para los días 14 y 15 de diciembre. En la provincia de Castellón, se llevarán a cabo las huelgas en las mismas fechas entre las 10.00 y las 12.00 horas.
Asimismo, los sindicatos advirtieron de que "en el supuesto de que no se inicien negociaciones con la Administración" se convocará una huelga a jornada completa el día 17 de diciembre en las tres provincias valencianas para reivindicar mayor dotación de personal para atender el plan de refuerzo de los Juzgados de lo Social y más personal del cuerpo de auxilio judicial para atender la celebración de juicios de todos los ordenes jurisdiccionales.
Fuente: www.europapress.es
martes, 24 de noviembre de 2009
lunes, 23 de noviembre de 2009
Bolsa de Interinos de Castilla y León Gerencia de Valladolid
Correccion Errores Lista Provisional
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RESOLUCIÓN, de 17 de noviembre de 2009 de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla y León en VALLADOLID, por la que se aprueba PROVISIONALMENTE la BOLSA DE TRABAJO DE INTERINOS, de los Cuerpos de MEDICOS FORENSES, GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA Y AUXILIO JUDICIAL al servicio de la Administración de Justicia, de las provincias de LEON, PALENCIA, SALAMANCA, VALLADOLID Y ZAMORA.
Documentos asociados
LISTAS PROVISIONALES bolsa Murcia
Listas Provisionales de las Bolsas de Trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial, Médicos Forenses y Ayudantes de Laboratorio convocadas
Se establece un plazo de reclamaciones de 10 días hábiles desde el 23 de noviembre al 3 de diciembre, ambos inclusive.
Documentos asociados
- LISTADOS PROVISIONALES AUXILIO MURCIA (PDF. 29KB) (versión HTML)
- LISTADO PROVISIONAL BOLSA DE GESTION (PDF. 26KB) (versión HTML)
- LISTADO PROVISIONAL TRAMITACION (PDF. 46KB) (versión HTML)
- PROVISIONAL MEDICOS FORENSES (PDF. 5KB) (versión HTML)
- PROVISIONAL AYUDANTES LABORATORIO (PDF. 5KB) (versión HTML)
- RESERVA AUXILIO (PDF. 14KB) (versión HTML)
- PROVISIONAL RESERVA AYUDANTES LABORATORIO (PDF. 5KB) (versión HTML)
- LISTA PROVISIONAL RESERVA BOLSA DE GESTION (PDF. 7KB) (versión HTML)
- PROVISIONAL RESERVA TRAMITACION (PDF. 15KB) (versión HTML)
- PROVISIONAL EXCLUIDOS AUXILIO (PDF. 14KB) (versión HTML)
- PROVISIONAL EXCLUIDOS GESTION (PDF. 11KB) (versión HTML)
- PROVISIONAL EXCLUIDOS TRAMITACION (PDF. 27KB) (versión HTML)
- LISTA EXCLUIDOS NO ESPECIFICA CUERPO (PDF. 4KB) (versión HTML)
- CAUSAS DE EXCLUSION (PDF. 30KB) (versión HTML)
domingo, 22 de noviembre de 2009
Tramitación Libre:errores
Puestos en contacto con el Ministerio se nos ha comunicado que ha habido un error en los listados y se procederá a incluir a nuevos opositores aprobados en la relación definitiva publicada ayer. Hasta el lunes no se publicarán los listados de aprobados rectificados. Por si fuera poco el desastre en la forma de celebrar el segundo ejercicio en Madrid, donde la mitad de los opositores que habían sido citados por la mañana no entraron a hacer el ejercicio hasta media tarde, con el consiguiente trastorno y falta de igualdad en el desarrollo de las pruebas respecto de quienes se examinaron por la mañana, ahora resulta que algunos de los que no figu
viernes, 20 de noviembre de 2009
TRAMITACIÓN TURNO LIBRE: publicación de los opositores que han superado la fase de oposición y apertura del plazo para presentación de los méritos
Ha establecido la puntuación mínima exigida para superar el segundo ejercicio, en todos los ámbitos y turnos, en 20 puntos para la primera prueba tipo test y en 30 puntos para la segunda prueba Word, desglosada en una puntuación mínima de 15 para la velocidad (que se corresponden con 2.244 pulsaciones netas) y de 15 para el formato.
El TCU declara que quedan excluidos aquellos opositores cuyos ejercicios de word no alcancen 2.450 pulsaciones brutas o contengan un índice de error superior al 12 % sobre dichas pulsaciones.
Asimismo procede a la resolución de las impugnaciones formuladas por los interesados al segundo ejercicio (vid. Anexo II).
Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición disponen de un plazo de veinte días naturales, contados desde el 21 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2009, ambos inclusive, para presentar la documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso.
Podéis consultar toda la documentación a través de los siguientes enlaces:
Acuerdo de 19 de noviembre. (PDF. 48KB) (versión HTML)
Anexo I. Relación alfabética de aprobados. (PDF. 254KB) (versión HTML)
Anexo I. Relación de aprobados por puntuación. (PDF. 253KB) (versión HTML)
Anexo II. Resolución de impugnaciones al segundo ejercicio. (PDF. 47KB) (versión HTML)
jueves, 19 de noviembre de 2009
La Justicia tiene abiertas más de 700 causas a políticos por corrupción
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha detallado en el Congreso que en la actualidad hay un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción, de los que 264 son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP.El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha revelado en el Congreso que en este momento se están tramitando en España un total de 730 causas en las que se investiga a cargos públicos por corrupción: 594 procedimientos judiciales y 136 diligencias de investigación de la Fiscalía.
De ellos, 264 son procedimientos penales contra cargos públicos o políticos del PSOE, 200 contra miembros del PP, 43 de Coalición Canaria, 30 de Convergencia i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Ezquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego y otros 3 del PNV.
A estos se añaden un procedimiento abierto a un cargo de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos locales, 16 contra imputados independientes y 72 asuntos en los que se desconoce la afiliación política de los investigados.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Conde Pumpido indicó que estos datos sólo muestran "la imagen de una acción demoledora de la Justicia contra la corrupción, una actuación intensa, inimaginable hace unos años". Eso sí, reconoció que le produjo "cierta preocupación" la pregunta realizada por el PP acerca de las actuaciones iniciadas contra miembros del PP y del PSOE, por "lo lejos de la realidad del Ministerio Fiscal".
"Me causa preocupación porque pone de manifiesto que los fiscales siguen siendo todavía, pese al enorme esfuerzo de transparencia que hemos hecho, grandes desconocidos, incluso en la sede de la soberanía popular", afirmó, para después asegurar que "los fiscales no persiguen a los delincuentes por su afiliación política, sino por los delitos que comete". "Los fiscales seguimos siendo grandes desconocidos", ha lamentado Conde-Pumpido.
Con todo, aseguró entender que a veces "se produzca la percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos", aunque remarcó que esa sensación "responde a que lógicamente la información fluye con más agilidad dentro de la propia organización política de que se trate", así como a "la implantación de una u otra fuerza política en las instituciones de un área geográfica determinada".
En concreto, se dirigió al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, para referirse a las denuncias de "la aparente presión ejercida por la Justicia" en algunas comunidades, como de la que es origen este diputado, Murcia. Conde Pumpido explicó que en esta región hay 14 investigaciones en curso contra miembros del PP, frente a seis en las que los investigados son socialistas, pero pidió que se tenga en cuenta "cúal es la relevante implantación geográfica e histórica del PP en Murcia".
Para contrastarlo, se refirió a Extremadura, donde el número de asuntos penales que se siguen a miembros del PSOE es de 15, mientras que contra miembros del PP es "solamente uno". "Resulta, pues, evidente -argumentó- que la actuación independiente e imparcial de la Justicia afecta por igual a uno u otro grupo político y sólo factores aleatorios como la mayor o menor permanencia en los órganos de Gobierno, o la especial repercusión de algún asunto específicamente relevante, altera dicha percepción".
En cualquier caso, el fiscal general insistió en que en España hay "más de 66.000 concejales y alcaldes, además de 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado", con lo que "no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal".
En su opinión, no se puede decir que en la actualidad la corrupción es "un fenómeno generalizado", sino más bien que "ahora más que nunca, las alarmas y los resortes del Estado de Derecho están funcionando correctamente, como nunca antes había funcionado".
También reconoció que "todo es mejorable", pero insistió en que lo más importante "no son grandes propuestas, ni decálogos, ni nuevas ideas geniales para luchar contra la corrupción", sino que "la mejor aportación posible" es "dotar de medios y dejar trabajar a la Policía y a la Justicia". "Los aplausos entusiastas para policías, jueces y fiscales que se convierten en agrias críticas en función de que los investigados sean ajenos o propios, tampoco ayudan. Lo que hace falta es, simplemente dejar de trabajar a quienes se enfrentan a la corrupción cada día", insistió.
Fuente: elimparcial.es
martes, 17 de noviembre de 2009
Los juzgados de la Comunitat cierran su peor año con juicios atrasados hasta 2011
Los funcionarios mantienen los paros pese a la ampliación de horario propuesta por la Conselleria «Sin duda, en cuanto a volumen de trabajo podemos calificar 2009 como el peor año de la historia», reconoció el juez decano de Valencia, Pedro Viguer. Y es que la realidad es escandalosa: un magistrado trabaja como dos o tres debido a la sobrecarga de expedientes. El colapso es abrumador. Las citaciones para los juicios son la prueba más fehaciente. Los asuntos contenciosos se están señalando para de aquí un año y medio, es decir, que no se celebrarán hasta abril de 2011.
Los 14 juzgados que entrarán en marcha a finales de año, apenas aliviarán la saturación. «Son apaños que no solucionan el problema. Es como ir corriendo tras un tren que siempre avanza más deprisa», explicó el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco Silla.
Los funcionarios de lo Social también se han plantado. Desde octubre secundan paros de 50 minutos para pedir un aumento de plantilla que les ayude a asumir la avalancha de despidos y reclamaciones económicas a las empresas que llegan a sus oficinas. La Conselleria de Justicia puso el lunes una solución sobre la mesa: que sus juzgados abran por las tardes. Pero la ampliación de horario no agrada a los empleados públicos por lo que mantienen las protestas y amenazan con una huelga a principios de diciembre.
Los juzgados de los pueblos son los peor parados. «Somos los grandes olvidados», aseguró la decana de Alzira, Begoña Estañ. «La situación aquí es drámatica. Contamos con los mismos seis juzgados mixtos que se crearon hace más de una década con lo que necesitamos de forma urgente, como mínimo, uno más», solicitó.
Pero ese no es el único quebradero de cabeza en Alzira. La casi inexistente inversión en material es tal que no cuentan ni con servicio de limpieza. «Tenemos que llevarnos el papel higiénico y el jabón de casa», apuntaron algunos empleados públicos.
Uno de los casos más gráficos de las dificultades que atraviesan los partidos judiciales se produjo en septiembre en Sueca. La sala número 3 tuvo que cerrar porque se quedaron sin papel de oficio para instruir las diligencias. Otros juzgados, como Mislata, Llíria y Sagunto también sufren la escasez de folios.
Cajas de cartón
La falta de estanterías para archivar los asuntos se suma al amplio catálogo de deficiencias. En Gandia, Moncada, Sueca y Massamagrell apilan los documentos en cajas de cartón que amontonan en el suelo. «Algunos funcionarios han optado por traerse sus propias estanterías de casa», afirmó Campayo. En un juzgado de Villena han tenido que ocupar hasta el cuarto de baño para archivar los expedientes. «Necesitamos más espacio y estanterías. Perdemos mucho tiempo para buscar un asunto porque está todo sin clasificar», se quejó un funcionario de lo Mercantil de Valencia. El caos, sumado a la sobrecarga de trabajo, les ha pasado factura y el 80% de su plantilla ha pedido el traslado a otros juzgados menos saturados. «De las nueve personas que trabajaban hasta ahora en cada órgano, siete se han ido. Así que la situación todavía se agrava más porque casi todo el personal es nuevo y, con todos los asuntos que entran, hay que empezar de cero con ellos. Es una locura», lamentaron los funcionarios.
Los juzgados de la Comunitat cierran su peor año con juicios atrasados hasta 2011
Los funcionarios mantienen los paros pese a la ampliación de horario propuesta por la Conselleria «Sin duda, en cuanto a volumen de trabajo podemos calificar 2009 como el peor año de la historia», reconoció el juez decano de Valencia, Pedro Viguer. Y es que la realidad es escandalosa: un magistrado trabaja como dos o tres debido a la sobrecarga de expedientes. El colapso es abrumador. Las citaciones para los juicios son la prueba más fehaciente. Los asuntos contenciosos se están señalando para de aquí un año y medio, es decir, que no se celebrarán hasta abril de 2011.
Los 14 juzgados que entrarán en marcha a finales de año, apenas aliviarán la saturación. «Son apaños que no solucionan el problema. Es como ir corriendo tras un tren que siempre avanza más deprisa», explicó el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco Silla.
Los funcionarios de lo Social también se han plantado. Desde octubre secundan paros de 50 minutos para pedir un aumento de plantilla que les ayude a asumir la avalancha de despidos y reclamaciones económicas a las empresas que llegan a sus oficinas. La Conselleria de Justicia puso el lunes una solución sobre la mesa: que sus juzgados abran por las tardes. Pero la ampliación de horario no agrada a los empleados públicos por lo que mantienen las protestas y amenazan con una huelga a principios de diciembre.
Los juzgados de los pueblos son los peor parados. «Somos los grandes olvidados», aseguró la decana de Alzira, Begoña Estañ. «La situación aquí es drámatica. Contamos con los mismos seis juzgados mixtos que se crearon hace más de una década con lo que necesitamos de forma urgente, como mínimo, uno más», solicitó.
Pero ese no es el único quebradero de cabeza en Alzira. La casi inexistente inversión en material es tal que no cuentan ni con servicio de limpieza. «Tenemos que llevarnos el papel higiénico y el jabón de casa», apuntaron algunos empleados públicos.
Uno de los casos más gráficos de las dificultades que atraviesan los partidos judiciales se produjo en septiembre en Sueca. La sala número 3 tuvo que cerrar porque se quedaron sin papel de oficio para instruir las diligencias. Otros juzgados, como Mislata, Llíria y Sagunto también sufren la escasez de folios.
Cajas de cartón
La falta de estanterías para archivar los asuntos se suma al amplio catálogo de deficiencias. En Gandia, Moncada, Sueca y Massamagrell apilan los documentos en cajas de cartón que amontonan en el suelo. «Algunos funcionarios han optado por traerse sus propias estanterías de casa», afirmó Campayo. En un juzgado de Villena han tenido que ocupar hasta el cuarto de baño para archivar los expedientes. «Necesitamos más espacio y estanterías. Perdemos mucho tiempo para buscar un asunto porque está todo sin clasificar», se quejó un funcionario de lo Mercantil de Valencia. El caos, sumado a la sobrecarga de trabajo, les ha pasado factura y el 80% de su plantilla ha pedido el traslado a otros juzgados menos saturados. «De las nueve personas que trabajaban hasta ahora en cada órgano, siete se han ido. Así que la situación todavía se agrava más porque casi todo el personal es nuevo y, con todos los asuntos que entran, hay que empezar de cero con ellos. Es una locura», lamentaron los funcionarios.
Alicante: El Colegio de Abogados pide la dimisión de Sánchez de León
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, en su reunión celebrada el pasado viernes, acordó pedir la dimisión "inmediata" de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, por su "incompetencia" en la gestión presupuestaria que afecta a la prestación del servicio de turno de oficio, según informó esta entidad en un comunicado.
Desde la institución lamentaron que la consellera está "incumpliendo" los compromisos adoptados en el convenio que suscribió en 2007, por el que su departamento se obligaba a abonar puntualmente el turno de oficio a los letrados adscritos, algo que "no se está haciendo pese a las innumerables promesas de que así sería". Además, avanzaron que "difícilmente podrá hacerse" si se sigue reduciendo el presupuesto para este colectivo.
Junto a esta medida, acordaron instar al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados la convocatoria de los miembros de las juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana, para que se concentren ante la sede de la Conselleria de Justicia, como señal de protesta de la Abogacía Valenciana, "por sus reiterados incumplimientos en los pagos a los Letrados que están adscritos al turno de oficio".
También acordaron asumir, con cargo a los gastos de infraestructura del turno, el coste de los intereses que se generen a todos los abogados que decidan suscribir cualquiera de los convenios que el Colegio tiene firmados con distintas entidades financieras, para recibir anticipadamente el importe de sus honorarios por los turnos de oficio, cuyo abono "incumple" conselleria, reiteraron.
Fuente: www.diarioinformacion.com
Informe sobre la nueva oficina judicial que transformará la Administración de Justicia
A partir del 1 de enero comenzará la implantación del nuevo sistema, que tendrá lugar, en una primera fase, en la Audiencia Nacional y en las ciudades de Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y MelillaBOLSA DE INTERINOS CASTILLA Y LEON. GERENCIA VALLADOLID
En el día de hoy se ha hecho pública la RESOLUCION de fecha 17/11/2009 de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla y León en Valladolid, por la que se aprueba PROVISIONALMENTE la BOLSA DE TRABAJO DE INTERINOS, de los Cuerpos de MEDICOS FORENSES, GESTION PROCESAL Y ADMTVA, TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMTVA Y AUXILIO JUDICIAL al servicio de la Administración de Justicia, de las provincias de Leon, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.
Para acceder a la información clika a continuación: BOLSA INTERINOS.lunes, 16 de noviembre de 2009
sábado, 14 de noviembre de 2009
Bolsas de trabajo (estado)
Listas provisionales del País Vasco
bolsa murcia
Fuente staj
Bolsas de trabajo madrid justicia
Fuente staj
Bolsas de trabajo (estado)
viernes, 13 de noviembre de 2009
PSOE y PP abren la vía para acabar con la Justicia gratuita
El que quiera recurrir una decisión de un juez, que pague. Si quiere recurrir una decisión de un secretario judicial, también. Es la nueva filosofía que, según fuentes jurídicas, abre la vía para acabar con el principio de gratuidad de la Justicia, que consagra el artículo 119 de la Constitución española. A este nuevo 'impuesto' se ha llegado casi subrepticiamente a través de un pacto entre el Gobierno de Zapatero y el PP de Rajoy.¿Pero, cómo pudo el PP firmar un acuerdo de este tipo? "Es que el ministro de Justicia hizo 'casus belli' de este tema y dijo que no se llegaba a un acuerdo sobre la tasa judicial, que se rompía el 'pacto por la Justicia'". Así respondieron medios populares a la pregunta de sobre cómo se llegó a un acuerdo para colar, casi de matute, un 'impuesto' -'depósito', en argot judicial- que graba entre 22 y 50 euros todos y cada uno de los recursos que se interpongan en un juzgado por una causa abierta en el mismo. Un pastón, literalmente, si se tiene en cuenta que en cada sumario judicial se suelen interponer no menos de tres o cuatro recursos -tirando por lo bajo- cuestionando otras tantas decisiones judiciales.
Antes, los recursos salían 'gratis' -principio de gratuidad de la Justicia-; ahora, un caso de cualquier particular le puede salir por unos 200 euros más alpresunto penado... presunto inocente, que todo cambia con los tiempos. "No es mucho dinero", argumentan socialistas y populares, que se han compinchando para hacer efectivo este nuevo impuesto de la 'etapa ZP'. Pero olvidan algunos datos que hacen que la reforma que han pactado sin luz ni taquígrafos el PSOE de Rodríguez Zapatero y el PP de Mariano Rajoy le cueste caro al conjunto de los ciudadanos.
La reforma de la legislación procesal
Increíblemente, el 'suceso' lo perpetraron PP y PSOE y ha pasado prácticamente inadvertido. Se hizo a través de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La reforma se publicó en el BOE, del pasado 4 de noviembre, y su entrada en vigor tuvo lugar un día después.
La citada reforma ha añadido una disposición adicional decimoquinta bajo el elocuente título "Depósito para recurrir", en realidad un nuevo 'impuesto made in Caamaño'. Su punto primero dice así: "La interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, precisarán de la constitución de un depósito a tal efecto".
Como es de suponer, anteriormente tal recurso era gratuito. Ahora bien, "en el orden penal este depósito será exigible únicamente a la acusación popular", menos mal; es decir, que la particular y el Ministerio Fiscal no pagan. "En el orden social y para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales, el depósito será exigible únicamente a quienes no tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social". Algo es algo, no pagan los curritos, sino los empresarios. Todo un detalle del legislador.
Ahora bien, su punto segundo establece que el depósito deberá consignarse para la interposición de recursos que deban tramitarse por escrito; y en su punto tercero, la reforma de populares y socialistas añade que "todo el que interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, consignará como depósito":
a) 30 euros, si se trata de recurso de queja.
b) 50 euros, si se trata de recurso de apelación o de rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde.
c) 50 euros, si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal.
d) 50 euros, si el recurso fuera el de casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina.
e) 50 euros, si fuera revisión.
Es decir, que aquí paga hasta el apuntador.
Casus belli de Caamaño
¿Para qué tanto pago? Sencillo: los jueces se han puesto de huelga porque piden más medios. Elena Salgado se ha puesto también de huelga y no le da más dinero a Francisco Caamaño, y el ministro de Justicia ha decidido -con la complicidad de todo el Gabinete, claro, y por supuesto del Partido Popular- que quien pague una buena parte de la implantación de la nueva planta judicial sea el ciudadanito de a pie, que no hace más que litigar y que por eso están colapsados los juzgados. Sencillo de explicar; imposible de entender.
La reforma, no obstante, adquiere algún dato de magnanimidad, porque, por un lado, se excluye de la consignación de depósito la formulación del recurso de reposición que "la ley exija con carácter previo al recurso de queja". Vaya, que ya que ese recurso es exigido de forma previa, pues que no pague el recurrente. Por otro lado, si lo recurrido son resoluciones dictadas por el Secretario Judicial -que, como todo el mundo sabe, nunca se equivoca-, el importe será sólo de 25 eurillos.
El Ministerio Fiscal queda exento de pago, lo cual es un alivio para el ciudadano, dado que el Ministerio Fiscal es público, dependiente de los Presupuestos Generales del Estado, que pagamos todos. Tampoco deberán pagar el Estado -Abogacía-, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos.
No obstante, en un gran acto de magnificencia insuperable, PP y PSOE decidieron que si se ganaban los recursos, se devolvía el dinero. Es de agradecer. Pero si se pierden -que se suelen perder, porque los jueces no suelen dar marcha atrás- el dinerito pasa a engrosar las arcas del Estado para financiar la reforma judicial.
Los abogados están que trinan, y algún magistrado de lo contencioso-administrativo también.
Y bombazo final: "La cuantía del depósito para recurrir podrá ser actualizada y revisada anualmente mediante Real Decreto"… ¿Un Real Decreto reforma una parte del contenido de una Ley Orgánica? Algún jurista ya está pensando en recurrir al Constitucional.
jueves, 12 de noviembre de 2009
III Convenio único de la AGE
[--http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18065.pdf--]
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Madrid: Nueva Oficina judicial
[ Publicado en http://noticias.terra.es ]
Justicia concluirá la primera fase de implantación de la nueva Oficina Judicial durante los seis primeros meses de 2010
El Gobierno regional concluirá la primera de las fases de implantación de la nueva Oficina Judicial durante los seis primeros meses de 2010, siendo la Sala de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la primera sede judicial en la que se instaure la experiencia piloto.
Para ello, la Comunidad ha creado un equipo de trabajo específico para agilizar al máximo el proceso, según anunció hoy el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados en la celebración de la reunión Sectorial de Justicia, que presidió el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
En la Conferencia participaron todas las comunidades autónomas para tratar algunos de los temas más relevantes y preocupantes en este área. Granados calificó de 'sumamente positiva esta reunión', ya que -según explicó-- sirve para trasmitir y recoger la preocupación de todas las comunidades autónomas para abordar una reforma de la Administración de Justicia urgente, mediante un gran pacto de Estado con todos los sectores implicados.
El grupo de trabajo creado para la implantación de la oficina judicial, coordinado por el director General de Justicia, está integrado por el subdirector general de gestión de Personal y Relaciones con la Administración de Justicia, el subdirector general de Política Interior y Régimen Económico, el subdirector general de las Infraestructuras Judiciales y funcionarios de carrera de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial.
A esta primera experiencia de oficina judicial en el primer semestre de 2010 se sumará, más adelante, una segunda en los órganos judiciales de la periferia, con el fin de conseguir un desarrollo exitoso y rápido de este instrumento que contribuirá a agilizar la Administración de Justicia.
Durante la reunión también se ha tratado sobre el Plan de Interoperabilidad de los Sistemas Informáticos en todo el territorio nacional, algo con lo que la Comunidad de Madrid está totalmente de acuerdo ya que supondrá la conexión informática de todos los juzgados de España.
NECESIDAD DE INCREMENTAR LAS UNIDADES JUDICIALES
La reunión sectorial de Justicia ha sido, una vez más, el lugar en el que el consejero de Justicia madrileño ha reclamado la urgente necesidad de que se creen más unidades judiciales en la Comunidad de Madrid para poder hacer frente al incremento de litigios de los últimos años derivada de la situación económica y social actual.
En el año 2008, se pusieron en funcionamiento únicamente 27 Juzgados más y 3 plazas de Magistrado, cuando se consideraba necesaria la creación de 111 plazas de Juez o Magistrado, quedando de manifiesto con el paso del tiempo que esta insuficiencia de las plazas judiciales ha agravado el problema.
En concreto, la Comunidad de Madrid tiene una tasa de pleitos de 229,1 asuntos ingresados por juzgado por cada 1.000 habitantes, siendo la media nacional de 196. Los juzgados de lo Social madrileños finalizaron el 2008 con un 69,33% más de asuntos pendientes y los de Mercantil con 31.46%, los de lo Contencioso con un 17.43% y los Juzgados de Primera Instancia con un 13.31% en Madrid capital y un 22.66% en la periferia.
Como explicó Granados esta demanda de más unidades judiciales para la Comunidad de Madrid es una petición que coincide con las realizadas desde Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid y el Decano de los Jueces de Madrid.
sábado, 7 de noviembre de 2009
Modernización de la Administración… de justicia?
[ Publicado en www.administracionpublica.com
Mucho estamos hablando en este momento de modernización de la Administración, y quizá por eso, por la frecuente onda expansiva que suelen tener las políticas públicas, alguien se ha percatado de que otro sector importante de la Administración, la Justicia, bien haría en adaptarse mínimamente a los tiempos a fin de mejorar este servicio público esencial para el buen funcionamiento de una sociedad. Seremos bienpensados, si bien intuimos que, como siempre, habrá un cierto desfase entre la teoría y la práctica y por tanto nos espera una especie de periodo transitorio de “cambios” en el que la Administración de Justicia seguirá cumpliendo a duras penas con el Título VI de la Constitución (nos gusta aquello de “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”, mas qué lejano suena).
Como señala el Preámbulo de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, “La reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable. Los ciudadanos tienen derecho a un servicio público de la Justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales. Uno de los medios esenciales para conseguirlo es la implantación en España de la nueva Oficina judicial, cuyo objetivo es la racionalización y optimización de los recursos que se destinan al funcionamiento de la Administración de Justicia”.
La reforma se basa esencialmente en la implantación de la nueva Oficina judicial y en la atribución de mayores funciones a los Secretarios Judiciales. Como también señala el mismo Preámbulo, “Una de las claves fundamentales para que las Oficinas judiciales alcancen el objetivo de prestar un servicio próximo y de calidad, recogido en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, reside indudablemente en los profesionales que trabajan para la Administración de Justicia, en concreto y por lo que ahora nos ocupa, los Secretarios judiciales. No ha de olvidarse que se trata de técnicos en Derecho, cuya capacitación les permite responsabilizarse de determinadas materias que si bien quedan fuera de la potestad jurisdiccional atribuida con exclusividad a Jueces y Tribunales, no por ello son menos importantes para la buena marcha del servicio público que constituye la Administración de Justicia”.
Además, en plena vorágine de buenas intenciones, se aprovecha el efecto dominó para modificar también la Ley Orgánica del Poder Judicial: “La modernización de la Administración de Justicia que anima la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial ha introducido en el debate público una fructífera reflexión sobre la conveniencia de proyectarla también sobre otros ámbitos vinculados a la misma. Como consecuencia de ese diálogo reflexivo, generado dentro y fuera del Parlamento, se ha estimado pertinente introducir algunos cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial con el propósito de acompañar aquella implantación y atender, al tiempo, a ciertas mejoras técnicas que durante largo tiempo se vienen demandando” (Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).
Por su parte, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, modifica nada menos que todas estas importantes leyes:
• la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.
• la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882.
• la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946.
• la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión.
• la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
• la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.
• la Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque.
• la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
• la Ley 30/1992, de 29 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso se añade un apartado 5 al artículo 139 con la siguiente redacción: “5. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado”.
• la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento laboral.
• la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
• la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
• la Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación.
• la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (atención, porque se modifican nada menos que 77 preceptos de esta Ley).
• la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
• la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
• la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
• la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
• la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
En cuanto a las aportaciones de “corte tecnológico” destacamos las siguientes:
- Utilización de medios electrónicos en el juicio oral: Se establece que el documento electrónico que contenga la grabación, siempre que incorpore la firma electrónica reconocida del Secretario judicial, constituirá el acta a todos los efectos (vid los nuevos arts. 146.2 y 147 de la LEC). Por su parte, los nuevos artículos 743 de la LECrim y 89 de la LPL quedan redactados en sus apartados 2 y 5 como sigue:
2. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios el Secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la Ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario judicial, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el Secretario judicial extenderá acta sucinta en los términos previstos en el apartado siguiente.
5. El acta prevista en los apartados 3 y 4 de este artículo, se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación carezca de medios informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el Presidente y miembros del Tribunal, por el Fiscal y por los defensores de las partes.
- Publicaciones electrónicas: Se introduce la posibilidad de que la publicidad en los boletines oficiales sea sustituida, en los términos que reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos (vid arts. 164, 497.4 y 500.2 LEC en relación con el art. 236 LOPJ).
- Subasta electrónica: Se procede a la modificación de la regulación de las subastas judiciales, para permitir que bajo la dirección del Secretario judicial puedan efectuarse pujas electrónicas, siempre que se cuente con los medios técnicos para ello. De esta manera, la participación en las subastas judiciales podrá realizarse a través de internet, sin requerir la presencia física obligatoria de los intervinientes en una sala. Con ello además se evita la discriminación, puesto que hay más participación, se fomentan la transparencia y publicidad, se obtienen mejores precios y se evitan las prácticas de colusión, es decir el pacto entre dos personas para perjudicar a terceros.
“Se trata, en síntesis, de que los Jueces y Magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para ello es preciso descargarles de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a las funciones constitucionales que se acaban de señalar, y a ello tiende el nuevo modelo de la Oficina judicial. En ella, se atribuirán a otros funcionarios aquellas responsabilidades y funciones que no tienen carácter jurisdiccional y, por otra parte, se establecerán sistemas de organización del trabajo de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, de forma que su actividad profesional se desempeñe con la máxima eficacia y responsabilidad. En este nuevo diseño, jugarán un papel de primer orden los integrantes del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios judiciales. La implantación de la nueva Oficina judicial y la correlativa distribución de competencias entre Jueces y Secretarios judiciales exige adaptar nuestra legislación procesal a las previsiones que ya contiene la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativas a las Oficinas judiciales y a los Secretarios judiciales, y a dicha reforma integral de nuestras Leyes procesales se dirige la Ley” 13/2009, como también señala su Preámbulo.
En fin, la Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (excepto el apartado diez del artículo 15, por el que se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 23 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación dicho Boletín). El de la Justicia es un tema muy importante. A ver qué ocurre.
novedades auxilio judicial
"Según nos ha comunicado el Ministerio, la valoración provisional de méritos de la fase de concurso no se publicará hasta primeros de diciembre.
En relación al curso selectivo, podría comenzar a finales de enero o en febrero de 2010, una vez se publique la lista definitiva de la valoración de méritos".
Os dejo el enlace: [--http://stajastur.blogspot.com/--]
BOE: Publicación reformas legislativas para la implantación de la nueva oficina judicial
-Poder Judicial
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
PDF (BOE-A-2009-17492 - 14 págs. - 265 KB)
-Legislación procesal
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
PDF (BOE-A-2009-17493 - 211 págs. - 6609 KB)
jueves, 5 de noviembre de 2009
Los funcionarios de los juzgados de lo Social amenazan con una huelga en dos semanas
Continúan los paros de 50 minutos de los de funcionarios de los juzgados de lo Social. Ayer medio centenar de empleados públicos volvieron a concentrarse a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia para solicitar más personal. El calendario de protestas se prolonga durante todo el mes de noviembre. Y ya estudian organizar una huelga de 24 horas dentro de 15 días.
«Ya no es que la Conselleria no nos da ninguna respuesta es que ni siquiera nos convoca para negociar. Si esto sigue igual la semana que viene tendremos una asamblea con todos los trabajadores para convocar una huelga a la semana siguiente», explicó ayer el delegado de UGT, Juan Ortiz.
«No pedimos mejoras económicas. Exigimos más plantilla para atender eficazmente a los ciudadanos», reclamó el portavoz de CC.OO., Enrique Campayo. Los funcionarios lamentan que, mientras Justicia ha aumentado el número de jueces para dar salida a los asuntos por despidos, la Conselleria, que tiene la competencia transferida, «no está por la labor de reforzar la plantilla».
proxima convocatoria justicia 2009-10
Según ha hecho saber hoy(4-11-2009) CSI.F, fuentes del Ministerio han informado a este sindicato que DICHA REFORMA NO SE APLICARÁ AL TEMARIO DE LAS OPOSICIONES, a fin de no perjudicar a los opositores que ya llevan un tiempo preparándose.
CSI.F ha hecho pública circular informativa, relativa a este extremo y a la cuestión de la acumulación de las OEPs 2009 y 2010, y convocatoria en el mes de marzo, que podéis consultar a través de este enlace a la página web de CSI.F Nacional de Justicia:
miércoles, 4 de noviembre de 2009
dudas segundo examen
Si lo retrasan al del 14-15 están incumpliendo plazos, este año es raro de narices.
Si el plazo máximo es de 45 días entre uno y otro ,si el examen es el 14 ( por ejemplo) ya habrían pasado 48 días
A la pregunta de alguien de cuando cumplen los 45 días pues:
27 SEP examen = 4 días de SEP
Octubre completo = 30 días OCT
5 Nov = 5días NOV.... por lo tanto hoy hacen 4+30+5= 39 Días... quedan 6 para cumplir el plazo. es decir, el examen como muy tarde SI QUIEREN CUMPLIR EL PLAZO DE 45 DÍAS es el MIERCOLES QUE VIENE.
REFORMA DE LA JUSTICIA.
La Ley Orgánica del Poder Judicial entra en vigor mañana mismo y por tanto los efectos perniciosos de la reforma del artículo 521 ya son aplicables.
Con esta reforma los funcionarios quedamos vendidos a las Comunidades Autónomas, presagio de lo que puede venir después, y por mucha reforma de Reglamentos que se haga la pérdida es irreparable.
Puedes acceder a su contenido a continuación:
martes, 3 de noviembre de 2009
Madrid: A la Justicia se le cae el techo
Estos juzgados, esta Justicia, son una ruina, dice el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). "Los juzgados están que se caen a cachos", cuentan funcionarios en Plaza de Castilla, señalando por ejemplo una ventana entreabierta, sujeta por un teclado que obra de tope para que no se cierre.Si ha leído El proceso de Kafka no hace falta que siga. Porque lo que aquí se cuenta es casi igual de absurdo y, en fin, kafkiano.
Una mañana, Paco llegó a su mesa de trabajo en los juzgados de Plaza de Castilla y se encontró una pegatina roja sobre la pantalla del ordenador: "Recién fumigado. No usar en 24 horas". ¿Qué había que fumigar? Pues los miles y miles de legajos que se hacinan, como un incontrolable vivero de polvo y ácaros, en esa torre de Babel judicial que es Plaza de Castilla.
Otra mañana, parte del techo de los juzgados de Aranjuez dijo basta. Los cascotes llegaron a la mesa de la juez titular. Algunos funcionarios trabajaron un tiempo con casco. Como en el tajo. Sacaron fotos y, con el apoyo de la magistrada, denunciaron la situación: "Si llega a haber alguien trabajando en ese momento, podría haber muerto". Una noche, al cielo le dio por llover sobre los juzgados de Getafe. Mal asunto, porque a los calabozos les da por inundarse y se encharcan con presos y todo dentro. La Justicia cae del cielo.
Mantenimiento
"La Comunidad te dirá que se gasta dinero en mantenimiento. Pero mira este escáner. Nos lo mandaron hace tres meses y en realidad no nos sirve para nada. ¿Y esa copiadora de cinco cedés? Con una normal nos valía", se quejan, rodeados de montañas de papeles y hacinados, en un ambiente casi hasta insalubre.
La Comunidad asegura que ha gastado este año un millón en remozar "lo más urgente" de Plaza de Castilla, que el presupuesto de Justicia es el único que sube (de 405 a 415 millones): "Hacemos lo que podemos, teniendo en cuenta lo que recibimos. Es verdad que todo se ha quedado pequeño". Con la Ciudad de la Justicia aplazada por la crisis, "queremos intentar reunir todas las sedes en una", dicen, y puntualizan que lo que cayó en Aranjuez "es un falso techo" y que "el edificio está protegido, por lo que actuar era difícil".
Pero la lista de denuncias es abultada. El registro civil de Alcalá es un embudo de gente y coches que provoca hasta problemas de seguridad en el parking, denuncian los sindicatos. En el de Collado Villalba hay dos trabajadoras sin las "mínimas condiciones de trabajo". En los juzgados de Orense había un problema con el aire acondicionado; la Comunidad ha instalado ahora un aparato "que en realidad da calor, y un ruido ensordecedor", dicen los trabajadores.
El programa que utilizan los funcionarios se llama Libra. Está tan anticuado que "no reconoce el ratón, funciona sólo con el teclado". Hasta los jueces se quejan. Un magistrado dice, encogiéndose de hombros: "El programa, además de que se cuelga cada dos por tres, se ha quedado anticuado porque no se puede adaptar a las novedades legislativas. Es absurdo. La comisión que lo concibió no se dio cuenta de que habría que ir actualizándolo. Llamamos a los informáticos y nos dicen que no tienen la potestad de hacer eso. ¿Quién la tiene?".
Entrar en Plaza de Castilla es toda una experiencia. Las esperas eternas, la cueva de papeles, ese juez que llega tarde y con varias bolsas de El Corte Inglés -"un atasco", se justifica-, la secretaria que sale hora y media al cafelito. Dependiendo de la hora, la cola puede ser seria a la entrada. No hay riesgo de llegar tarde. Todos los juicios se retrasan porque el inmenso mamotreto, la Justicia, avanza con lentitud máxima.
"El atasco no se resolverá con reformas informáticas", dice un juez de lo Civil desde el anonimato, "eso no resolverá el problema del papel, que es por pura pendencia de señalamientos y ejecuciones. En este juzgado, este año, tramitamos unas 3.000 demandas. Hace tres o cuatro años eran menos de 2.000. En 2010, con lo que viene, llegará a 4.000 demandas, y eso no es asumible por nadie". Lo que viene es la crisis. El ánimo litigador ha crecido exponencialmente en los últimos años, pero más ahora. "Aquí [en Civil] llegan todos los pleitos de deudas, vencimientos, etcétera...", sigue el juez. "Hasta ahora lo que nos ha llegado es lo del principio de la crisis. El año que viene será el grueso".
La presión del atasco es la que acaba provocando la decrepitud de las condiciones de trabajo "por la desatención de los políticos", dicen los sindicatos.
STAJ asegura que "en Madrid hay 6.000 funcionarios de Justicia, y sólo 40 personas dedicadas al personal". Y mientras, en un juzgado de Plaza de Castilla, un funcionario sepultado bajo varios pares de torres gemelas de papeles nos reta: "¡Mira! ¡Encuentra aquí un expediente de 2008 ó 2009! ¡Inténtalo!".
Y avispas en Getafe
En Plaza de Castilla hay funcionarios que trabajan en "una especie de barracón" junto al garaje con "temperaturas extremas y falta de ventilación" -"incluso respiran los gases de los coches"-. En Getafe, aseguran, hubo un desprendimiento de fachada hace año y medio, e incluso un problema con un avispero que trae de cabeza a los funcionarios. La proyectada Oficina Judicial, que centralizaría toda la logística judicial, parece "muy lejos", explica otro magistrado. "Ni siquiera sabemos en qué consistiría exactamente. Los políticos creen que con ponernos un edificio basta. Lo importante es lo que hay dentro del edificio, no el edificio", lamenta el juez.
Fuente: elmundo.es