Cataluña es la Comunidad con más proocedimientos judiciales por despido

Cataluña es la Comunidad con más proocedimientos judiciales por despido, con 13.246 en el primer semestre de 2009, según explicó ayer la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugenia Alegret. En su discurso con motivo de la apertura del año judicial, Alegret señaló que Andalucía y Madrid se sitúan detrás de los catalanes en la clasificación de comunidades con más procedimientos por despido. Cataluña es, además, la comunidad en la que se han presentado más concursos de acreedores, un total de 982.


La jurisdicción social ingresó en 2008 un total de 64.012 asuntos, y apuntó que si sigue la tendencia del primer semestre del 2009, esta cantidad se incrementará en un 20 por ciento.

Por lo que respecta a la jurisdicción civil, Alegret reveló que en 2008 ingresó 284.266 asuntos, incluido mercantil. Esta cifra podría aumentar un 23 por ciento si sigue la tendencia al alza detectada en los primeros nueve meses del año.

También se refirió específicamente a los asuntos de la jurisdicción mercantil, que durante el primer semestre del 2009 aumentaron un 60 por ciento.

Finalmente, la jurisdicción penal incrementa los procedimientos ingresados un 1,5 por ciento respecto al año anterior, y la contenciosa administrativa se mantiene estable con una proyección de 24.780 asuntos.

En resumen, durante los primeros seis meses de 2009 se han ingresado en Cataluña un total de 728.412 asuntos, un 8,7 por ciento más que en el primer semestre de 2008. Se han resuelto 719.843 casos, un 8,2 por ciento más.

Por lo que respecta al número de jueces, sirven en Cataluña 712, un 26 por ciento de los cuales son sustitutos, lo que demuestra que los jueces de carrera prefieren otros destinos por el elevado coste de la vida y el exceso de carga de trabajo en Cataluña, dijo Alegret.

La presidenta del TSJC puso de nuevo de manifiesto el déficit de jueces en relación al alto número de asuntos que ingresan, por lo que pidió reflexionar sobre si se da suficiente valor y "se educa convenientemente en el cumplimiento de las leyes". Recordó que cada juez tiene una media de 2.046 procedimientos, una de las más altas de España.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, José Montilla, clausuró el acto destacando la inversión del Govern en justicia, y destacó los 850 millones de euros invertidos en equipamientos judiciales en menos de diez años. También remarcó que Cataluña lidera el gasto en justicia y está por encima incluso de la media de algunos países europeos.

Señaló que el objetivo del Govern es desarrollar el título tercero del Estatut, y apuntó que la transformación y evolución de la administración de la justicia en el conjunto de España "pasa por su adaptación a la lógica autonómica y por la proximidad entre la gestión y la prestación del servicio". "Todo el mundo es igual ante la ley, pero la ley debe estar lo más cerca posible de los ciudadanos", concluyó.

Fuente: La Ley

Convocatoria de oposiciones 2009

Aunque aún no está oficialmente confirmado, es mas que probable que la convocatoria de oposiciones 2009 se acumule a la oferta de empleo 2010. A finales de este mes tendremos la respuesta definitiva, esperando que en caso de ser así la convocatoria se realice al finalizar el mes de marzo de 2010. De momento, nos han dado traslado del borrador de la convocatoria para que presentemos alegaciones en el plazo de diez días. Adjuntamos enlaces a los borradores que nos han entregado, junto con un escrito que resume las principales novedades. Los incorporamos de forma permanente a la parte izquierda de esta página, apartado "oposiciones 2009".
Principales novedades de la próxima convocatoria
Bases comunes, Borrador convocatoria Auxilio
Borrador convocatoria Tramitación, Borrador convocatoria Gestión

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES: textos de los borradores, nuevos Programas y negociación

El sindicato CSI.F ha informado que el Ministerio de Justicia le ha hecho entrega de los BORRADORES de las convocatorias de las próximas oposiciones a los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio. Por el momento, son sólo éso, borradores. El Ministerio de Justicia está esperando las alegaciones de los sindicatos y quiere convocarlos para su negociación antes del 27 de este mismo mes.

En cuanto a la posibilidad de convocar ahora o acumular con la OEP 2010, el Ministerio ha manifestado que aún no tiene tomada una decisión al respecto. CSI.F ha manifestado su opinión rotunda de que las oposiciones deben ser convocadas YA, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Ingreso.

Las principales novedades de esta convocatoria son, según el propio Ministerio de Justicia, las siguientes:

• Programas. No hay cambios sustanciales. El número de temas es el mismo en cada Cuerpo. Se han actualizado, eliminado algunas repeticiones, reordenado y, según el Ministerio, mejorado.
• Bases Comunes. Tampoco sufren grandes variaciones. Se ha reorganizado su sistemática, adaptándola a las de Administraciones Públicas en sus aspectos formales.
• Convocatorias. Son por el sistema ordinario, es decir, concurso-oposición para la promoción interna y oposición simple para el acceso libre. El Ministerio manifiesta que no se excluyen (para próximas convocatorias) nuevos procesos por concurso-oposición para los libres, visto que el índice de interinidad sigue siendo muy alto, pero en esta convocatoria desea primar la rapidez y convocar según el procedimiento estrictamente ordinario.
• Concentración de exámenes. Con la finalidad de evitar desplazamientos a los opositores, de abaratar los procesos en lo que se refiere a alquiler de aulas, y sobre todo, de agilizarlos acortando su duración, se celebran los dos ejercicios (o en su caso pruebas) en el mismo día, en un único acto, uno a continuación del otro. Para el caso de Tramitación esto supone reordenar los ejercicios; el primero pasará a tener dos pruebas (las dos el mismo día): test y caso práctico; el segundo será sólo la prueba informática. Esta concentración de ejercicios no se aplica al Cuerpo de Gestión - libre porque el acto de examen, afirma el Ministerio, sería demasiado largo y duro.
• Cláusula para los casos de embarazo de riesgo o parto. Con la misma redacción de las convocatorias de la A.G.E, habilita a los Tribunales para que establezcan para cada caso que pueda surgir, y según las circunstancias que concurran, el modo de “repescar” (sic) a aquellas opositoras que pierdan una prueba por alguno de estos motivos. Se complementa con una previsión que se ha introducido para los cursos selectivos, previendo que éstos puedan tener lugar en convocatorias “ordinarias” (es decir las que tienen lugar al finalizar un proceso selectivo) o “extraordinarias” (que se convocarían cuando el plazo a esperar hasta la siguiente convocatoria ordinaria, que es lo que el Reglamento prevé, según el Ministerio, fuese excesivo o inadecuado según las circunstancias del caso).
• Reserva de plazas a discapacitados intelectuales. Se aplica a los Cuerpos de Tramitación y de Gestión, pero no al de Auxilio. La Comisión de Selección ha entendido que no procede en este Cuerpo por la condición de Autoridad que tienen atribuida.

CSI.F tiene a disposición de todos aquellos que estéis interesados los textos de los borradores de las convocatorias y los correspondientes Programas facilitados por el Ministerio. Podéis consultarlos a través del siguiente enlace a la página web de CSI.F Nacional de Justicia:

http://www.csi-csif.es/justicia/Article599.html

La base de datos creada para luchar contra la violencia de género sólo da problemas: se ‘cuelga’ y la pantalla se queda en blanco

El Ministerio del Interior creó en 2007 una herramienta informática para luchar contra la violencia de género. El objetivo era que Guardia Civil, Policía Nacional, autonómicas, locales y demás funcionarios compartieran una base de datos para evitar agresiones. Pero el programa sólo da errores y no está operativo.


Se llama Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VdG) y está diseñado para convertirse en una herramienta compartida entre cuatro ministerios: Interior, Justicia, Administraciones Públicas e Igualdad. Desde jueces o policías, hasta funcionarios de prisiones. La misión para la que fue diseñado es la de facilitar el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a una base de datos que mejore la eficacia en el seguimiento de las víctimas con medidas de protección integral y alejamiento.

Pues bien, el desarrollo de esta gran base de datos ha fracasado y más de dos años después de la puesta en marcha del prototipo, dicho programa resulta un verdadero caos para los más de 21.000 potenciales usuarios que pueden llegar a usarlo.

Según fuentes del Ministerio del Interior, el Sistema VdG tiene los siguientes problemas:

-- La aplicación funciona de manera muy lenta. A juicio de algunos de los usuarios que han tenido acceso al programa, esta ralentización se hace especialmente evidente cuando se realizan varias consultas simultáneamente: “se cae la mayoría de las veces si hay varias personas mirando a la vez o tienes abiertos varios archivos”, apuntan.

-- El usuario final (funcionario de prisiones, guardia civil, policía, etc.) no conoce en profundidad el funcionamiento de la aplicación debido a la complejidad de la herramienta y de su presentación: un gran número de los destinatarios finales de la herramienta “no tienen mucha cultura informática, por los que a veces se desesperan” al encontrarse con “auténticas marañas de datos”.

-- La herramienta informática no tiene en cuenta el historial y se pierden los datos de pantalla. Por ejemplo, si se introduce un nombre para buscar o para dar de alta en la base de datos, dicha información desaparece, obligando al usuario a volver a repetir el nombre a buscar varias pantallas más adelante.

-- Hay algunos apartados, como el referente al listado de presuntos maltratadores, que dan más problemas de lo habitual, especialmente si se quiere utilizar la opción de ‘retorno’: el botón de ‘volver’ sólo funciona una vez, de forma que no se puede regresar más atrás de la pantalla inmediatamente anterior. “Lo más normal es que el programa se cuelgue y quede la pantalla en blanco”, explican fuentes del ministerio dirigido por Rubalcaba.

Las fuentes consultadas aseguran que esta herramienta para combatir la violencia de género se basó en un programa informático que no tenía la capacidad necesaria para soportar tanta información, lo que ha llevado a Interior a cambiar varias veces de programa, hasta dar con uno que sea compatible.

El Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género está siendo utilizado actualmente por la Guardia Civil y el objetivo es incorporarlo a medio plazo al resto de agentes que luchan contra los maltratadores.

Fuente: elconfidencialdigital.com

Ya actualizada página borsainterins

Ya se puede consultar la aplicación de personas admitidas y excluidas de la Bolsa de Catalunya por DNI.

[--http://borsainterins.odec.es/index.html--]
A partir de mañana hay 10 días hábiles para formular alegaciones (acaba el día 20) a traves del modelo de alegaciones incluido.

Podéis consultarlo toda la información en la web del Departament.

¿Modernización de la Justicia? y falsedades

El Director General de Justicia o miente, o tiene muy, muy mala memoria. Mientras le seguimos pidiendo desde principios de año hasta ahora que vuelva a pagarse la formación personalizada, se atreve a contestar en una entrevista, que en Asturias se centran "en la formación desde dentro, poniendo a un funcionario al lado del eventual para que le forme, previa compensación. No lleva mucho tiempo y es más económico". Aquí tenéis el enlace a la entrevista:

El Comercio (entrevista al Director General)

En el diario "La Nueva España" José Manuel Fernández García, celebra el recientemente aprobado "Plan para la Modernización del Sistema de Justicia", y se prepara para recibir el futuro cargado de "buenas intenciones".
La Nueva España (visión del Director General de Justicia)

Comparemos este artículo con otro publicado hace unos días en el mismo diario, en el que los compañeros del Decanato de Oviedo manifestan: «no nos hacen ni caso y pasan varios días antes de que las averías se arreglen»...«tenemos que traer el bolígrafo de casa, porque aquí ni hay ni funcionan». En definitiva, se trata de dos puntos de vista: la Justicia vista desde el Juzgado y la Justicia vista desde la política y las ruedas de prensa (lo que mas parece interesarle a este Director General).

La Nueva España (visión de compañeros del Decanato de Oviedo)

nuevos juzgados stas

STAS-Intersindical Valenciana: Rechaza el acuerdo gobierno-sindicatos, plantillas juzgados de nueva creación, plan de choque y nuevos organos 2010

STAS - INTERSINDICAL VALENCIANA RECHAZA EL ACUERDO GOBIERNO-SINDICATOS
Desde esta Sección Sindical, no podemos valorar positivamente el acuerdo firmado por CC.OO, UGT y CSIF a nivel estatal sobre el salario de l@s emplead@s públicos para los próximos tres años, habida cuenta que hace recaer el peso de la mala coyuntura económica actual sobre nuestros salarios y sobre nuestras condiciones de trabajo, con una “cláusula de revisión salarial” de incierto cumplimiento (recordamos la súbita congelación salarial del año 1997 tras haberse firmado previamente un acuerdo del mismo calado del ahora firmado) y con una congelación en la práctica de la oferta de empleo público para dicho período, degradando paulatinamente el concepto de servicio público para el ciudadano.

COMISIÓN TÉCNICA PLANTILLAS NUEVOS JUZGADOS DICIEMBRE 2009
Nos ha convocado la DGJM para tratar el día 5-10-2009 el tema de las plantillas de los juzgados de nueva creación. Desde STAS-Iv JUSTICIA apostamos por ofertar dichas plazas en comisión de servicios a funcionarios titulares, en “mini concursos” gestionados por la propia DGJM, derecho que ya disfrutan nuestr@s compañer@s de otras CCAA, como Asturias, Cantabria, Andalucia, Cataluña y territorio Ministerio. Tenemos a vuestra disposición en el local sindical la propuesta de plantilla de la DGJM para dichos órganos de nueva creación.

PLAN DE CHOQUE DE TARDES Y PROPUESTA DE NUEVOS JUZGADOS PARA EL 2010
La Consellera Sra. De León ha presentado en rueda de prensa su propuesta de plan de choque para las jurisdicciones civil, social y juzgados mixtos de 1ª instancia e instrucción, abriendo los juzgados y tribunales valencianos por la tarde. Dicha propuesta se olvida de “un pequeño detalle”: cualquier cambio de nuestras condiciones laborales ha de ser negociado preceptivamente con las organizaciones sindicales. Desde STAS-Iv JUSTICIA nos oponemos a cubrir dichos “planes de choque” con cantidades irrisorias como las que hasta el momento se vienen pagando en concepto de prolongaciones de jornada y abogamos por una reforma urgente pero definitiva de la oficina judicial, que acabe de una vez con la periódica presentación en sociedad de planes de choque que no constituyen soluciones definitivas sino continuos parches en la gestión de la organización y planta judicial. Así mismo, os adjuntamos propuesta de DGJM de órganos de nueva creación para el año 2010.

ALICANTE
Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Alicante
Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Benidorm
Juzgado de lo Social nº 2 de Benidorm
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 9 de Denia.
Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Elche.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de la Vila Joiosa. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Novelda.
Juzgado de lo Penal nº 4 de Orihuela con Sede en Torrevieja. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 9 de Orihuela.
Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Torrevieja.
CASTELLÓN
Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Castellón.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Nules.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Vinaroz.
VALENCIA
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 de Alzira.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Carlet.
Juzgado de lo Penal nº 2 de Gandia.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 9 de Gandia.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 de Lliria.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Massamagrell. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 de Paterna.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Quart de Poblet. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 9 de Torrent.
Juzgado de lo Penal nº 19 con Sede en Alzira.
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 2 de Valencia (5º en la Comunidad Valenciana).

Com. Valenciana: Sanchez de León pregunta por qué el Gobierno decide que los juzgados se pongan en marcha en diciembre

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, animó al delegado del Gobierno en la Comunidad, Ricardo Peralta, a que explique "cuáles son los motivos por los que, año tras año, el Gobierno central decide autorizar la entrada en funcionamiento de la mayoría de los juzgados el último día hábil del año".


Paula Sánchez de León se pronunció en estos términos en un comunicado tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la puesta en funcionamiento, el 30 de diciembre, de 14 nuevos juzgados y ocho magistrados en la Comunitat, algo con lo que, según Peralta, "se da cumplimiento a las previsiones y compromisos adquiridos".

Frente a ello, la consellera tildó de "incomprensible" que el delegado del Ejecutivo "saque pecho por la creación de las nuevas unidades judiciales, cuando es la Generalitat la que asume la mayor parte de la inversión", y le instó a que vaya al Ministerio de Justicia y pida "que se abandone esa política, cuya consecuencia es que desde que gobierna Zapatero, se lleve un año de retraso en la puesta en marcha de juzgados".

La consellera afirmó que "es una pena que se tenga a un delegado del Gobierno dedicado exclusivamente a defender lo indefendible, que se olvide de los intereses de los ciudadanos de esta Comunitat". "Pero claro, --agregó--, en su afán de convertirse en la voz de Zapatero en la Comunitat, en vez de ser la voz de los valencianos en el Gobierno central, presume de un ficticio esfuerzo inversor para los nuevos órganos judiciales".

En este sentido, Paula Sánchez de León le pidió que "en lugar de engañar a la opinión pública, detalle cuál es esa inversión a la que se refiere, cuando la verdad es que no es más que el salario del juez y del secretario judicial".

Explicó, en este sentido, que para las 22 nuevas unidades judiciales --14 juzgados y 8 plazas de magistrados--, previstas para el 30 de diciembre, la Generalitat va a destinar unos ocho millones de euros, lo que supone más del 80 por ciento del coste total, frente al 20 por ciento restante que aporta el Gobierno Central y que corresponde únicamente al sueldo de los jueces y de los secretarios judiciales. "Es el Consell quien sufraga la mayor parte del gasto para dotar a esos nuevos órganos de la plantilla de funcionarios y de los medios materiales necesarios", aclaró.

Con todo, invitó a Peralta a que respalde la petición que ha hecho la Generalitat al Ministerio de Justicia para poder crear 25 nuevos juzgados en 2010 y que no recorten la cantidad solicitada "como hacen todos los años". Para esos órganos judiciales la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha previsto una inversión de unos 12 millones de euros.

Fuente: Europa Press

Adiós, justicia

El ministro de Justicia presentó hace días un enésimo «Plan de Modernización de la Justicia», que, como siempre, es «el» plan de «la Modernización». Se subrayaron los grandes números de diversos aspectos (creación de juzgados y tribunales, creación de plazas de jueces, magistrados y fiscales, creación de «oficinas judiciales», etc.). De eso no me voy a ocupar aquí, por dos motivos. El primero, porque la historia reciente es muy rica en cifras trucadas y en promesas incumplidas. El segundo motivo, porque si ese plan llega a constituir un verdadero hito histórico en la Justicia española no será a causa de las creaciones prometidas, sino de otro elemento menos aparente, pero decisivo.


Lo que puede hacer que este enésimo plan de modernización sea «el Plan», lo que cambiará la Justicia hasta hacerla irreconocible, se encierra en unas pocas palabras de Caamaño, que recogía así este periódico: «La oficina judicial implicará un cambio del concepto que la ciudadanía tiene de un juzgado. Un juez se dedicará a juzgar y a ejecutar lo juzgado y toda la tramitación procesal estará bajo la dirección del secretario judicial.» Ésa es la esencia del Gran Cambio (lo pongo con mayúsculas al gusto totalitario): el juez o los magistrados independientes ya no dirigirán el proceso mediante sucesivos enjuiciamientos desde su inicio hasta su desenlace. Sólo se ocuparán del desenlace, obviamente condicionado por la «tramitación procesal», puesta en manos ajenas.

Unas cuantas personas han resuelto, contra toda la doctrina jurídica universal, que lo procesal no es jurisdiccional. Nada ha importado recordar esa doctrina, las disposiciones de nuestra vigente Constitución y su interpretación por el Tribunal Constitucional (TC). Y menos aún que, como al ministro Caamaño se le ha escapado reconocer, vaya a cambiar el concepto que los ciudadanos tienen de un juzgado o tribunal. Cuando los políticos quieren que cambien los conceptos que los ciudadanos tienen de las cosas, hacen números sobre diputados y diputadas y, si salen, peor para los conceptos de los ciudadanos sobre las cosas y peor para las cosas mismas. No siempre hay un TC que eche abajo un concepto legal de delito flagrante (el de la famosa «Ley Corcuera», de «la patada en la puerta») por no ajustarse al concepto común (o sea, el de los ciudadanos) de delito flagrante.

El inminente Gran Cambio quiere decir que se acabó el Poder Judicial y que llegamos, por fin, al mero «servicio público de la justicia». Se acabó un Poder que, al ser ejercitado, cumple un servicio. Del servicio, sin Poder Judicial, se encargará el único poder en el que creen de verdad los incontables demócratas de boquilla: el Ejecutivo. El inicio y lo principal del desarrollo de cada uno de los procesos (lo que llaman «tramitación procesal») estará bajo la dirección de funcionarios dependientes del Poder ejecutivo, fuertemente jerarquizados: sobre el secretario de un Juzgado, el secretario coordinador provincial y, sobre éste, el secretario de Gobierno del correspondiente Tribunal Superior de Justicia y por encima, cerca ya del vértice, el secretario general de la Administración de Justicia, integrado en el Ministerio y designado por el ministro que, ni que decir tiene, es el vértice. El secretario judicial podrá imponer directrices de actuación a los demás funcionarios «en el aspecto técnico-procesal». Enseguida dejarán de tener importancia «los juzgados y tribunales» y «los jueces y magistrados independientes», constitucionales protagonistas de la Justicia. Pasarán a ser decisivas las diversas «unidades» administrativas de la «oficina judicial», en especial los llamados «servicios comunes». Un tinglado, insisto, en manos del Poder ejecutivo.

¿Es lo anterior algo conforme a la Constitución española (CE) en vigor? Para responder que sí, como responden, es preciso el descomunal descaro de dejar de leer entero el primer apartado del artículo 117 de nuestra Ley Fundamental, de leer retorcidamente el tercer apartado de ese precepto y de negar varias realidades evidentes de los procesos. Es necesario, además, no tomarse mínimamente en serio el derecho a la tutela judicial, del artículo 24 CE. Pero con un ministro campeón en definir constitucionalidades dudosísimas, los «modernizadores» se atreven, por supuesto, a afirmar que la independencia judicial no se verá en absoluto afectada por arrinconar a los jueces al final del proceso, sólo para poner sentencias, como ponen huevos las modernas gallinas ponedoras en los modernos gallineros: se pondrán las sentencias que correspondan a los casos seleccionados por secretarios y fiscales y se pondrán cuando diga el calendario establecido por los encargados de la moderna «oficina judicial». Y las sentencias puestas, lo mismo que los modernos huevos de los modernos gallineros, no tendrán más ingredientes que los previamente suministrados por los referidos encargados. En España no pasa nada por afirmar la independencia de esos encargados contra la evidencia de su dependencia legal y real.

Es fatigosísimo defender lo evidente y luchar contra su negación. Y como en eso llevo largo tiempo, entenderán mi personal estado de hastío. Pero, antes del alumbramiento de la Nueva Justicia, debía sacar fuerzas para despedir a la Justicia civilizada, a la de la Constitución.

Se preguntarán: ¿a quién deberemos este Gran Cambio, a la vez ineficiente y totalitario? Podría responder que a ese «Estado de Partidos», que tanto les preocupó a García Pelayo y al mismo TC cuando afrontó un Consejo General del Poder Judicial con todos sus vocales parlamentariamente designados. Pero culpar al vicioso y corruptor «Estado de Partidos», con ser una síntesis exacta, resulta expresivamente pobre. Pobre respuesta al interrogante sería incluso señalar a los dos grandes partidos, PSOE y PP. Los ciudadanos, cuyo concepto de un juzgado -en realidad, del juez y de la Justicia- va a ser cambiado, merecen saber algo de personas concretas, especialmente en relación con el PP, pues la dotación programática «popular» en materia de Justicia ha fluctuado mucho en función de las personas y es menos conocida y clara que la del PSOE.

El Gran Cambio comienza con un ministro de Justicia del PP, recentísimo ex diputado, que materializa legalmente un erróneo «Pacto de Estado». Y en estos tiempos, lleva la batuta, por el PP, un ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputados. Éstas -además, claro es, de los ministros López Aguilar, Bermejo y Caamaño- han sido o son las personas directamente responsables de lo que se avecina sin omitir la llamada «culpa in eligendo» de las «cúpulas». Salvo rectificación de última hora, ellos serán los responsables de la desaparición de la Justicia y de eliminar el papel atribuido por los ciudadanos (y la Constitución) a los jueces y a los juzgados. Veremos muy pronto si, definitivamente, tampoco los «populares» creen en la independencia judicial y en la separación de poderes. Veremos si, como sus adversarios políticos, siguen apuntados a la «lógica del Estado de partidos», que lleva a dominar y controlar la Justicia, de modo que sea débil y manejable a la hora de decir y realizar el Derecho.

El ministro Caamaño, ampliamente ufano con su «Plan de modernización», ha retado a los jueces a explicar a los ciudadanos la huelga judicial convocada. Si nuestra democracia gozase de buena salud, serían los ciudadanos quienes, ante el Gran Cambio, nos plantearíamos la huelga.

Un artículo de opinión de Andrés de la Oliva Santos, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense.

Fuente: ABC.es

los famosos 600 de auxilio judicial test

http://www.mediafire.com/download.php?xw1zmznndhm
o
http://www.mediafire.com/?xw1zmznndhm

Aprobado el Plan para la Modernización de la Justicia

Os dejo el enlace para que lo leais:
http://stajastur.blogspot.com/2009/10/aprobado-el-plan-para-la-modernizacion.html

TRAMITACIÓN TURNO LIBRE: nota informativa sobre el segundo ejercicio

El TCU ha publicado nota informativa sobre el segundo ejercicio. Dicha nota reza así:

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL SEGUNDO EJERCICIO

Ante las numerosas consultas recibidas sobre la realización de la segunda prueba del segundo ejercicio de las pruebas de acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa a realizar el próximo día 17, este Tribunal informa de lo siguiente:

1º . En base al principio de igualdad los aspirantes no podrán acudir con ningún tipo de soporte (teclados, atriles, etc). La Administración proporcionará el debido equipamiento informático y, en su caso, solventará en el mismo momento de realización del ejercicio las incidencias que pudieran producirse.

2º. Se trata de una aplicación específica que utiliza la versión Word 2003 para la realización del ejercicio pero, dadas sus características, el ejercicio puede realizarse perfectamente conociendo cualquier otra versión de Word inferior o superior, sin que el conocimiento de una u otra versión otorgue ventaja o inconveniente alguno a ningún aspirante.

3º. Durante los cinco minutos previos al ejercicio, se facilitará al opositor el documento de
configuración preciso que se corresponderá con el formato del ejercicio (tipo de letra, márgenes, etc.).

4º. Los criterios de corrección del ejercicio así como el establecimiento de turnos en aquellas sedes en que concurran un elevado número de aspirantes, se indicarán próximamente por Acuerdo de este Tribunal.

Madrid, 1 de octubre de 2009

LA PRESIDENTA
Carmen Álvarez Theurer

Podéis consultar la nota informativa a través del siguiente enlace a la página web del Ministerio de Justicia:

http://esede.mjusticia.es/cs/Satellite/1215329003400?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DNota_informativa.PDF

Nueva oficina judicial

Carta conjunta de CCOO, UGT y STAJ remitida al Ministerio de Justicia

DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Madrid, 28 de septiembre de 2009

Desde que el nuevo equipo de dirección del Ministerio de Justicia tomó posesión, hemos celebrado dos reuniones de mesa sectorial, además de la celebrada el pasado 30 de abril en la que participó el Ministro de Justicia.

Los compromisos que adquirió el nuevo equipo con los trabajadores eran esencialmente que las decisiones en las materias que afectaran a sus condiciones de trabajo se tomarían siempre con la participación activa de los representantes de los trabajadores, y en cualquier caso mediante negociación.

Lo que desde los sindicatos, que suscribimos esta carta, exigimos, es que las palabras y los hechos deben ir siempre de la mano para que la lealtad en la negociación impregne todos los pasos en las relaciones entre la Administración y los representantes de los trabajadores. Si este principio se rompe por una de las partes, las relaciones quedan maltrechas y es imposible la confianza.

Este principio no puede ser un enunciado teórico, sino que tenemos que denunciar a esa Dirección General que las actuaciones del Ministerio de Justicia respecto a cuestiones fundamentales como son los principios en los que se va a sustentar la reforma de la Administración de Justicia se han comenzado a dar, con la aprobación del Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Justicia en el Consejo de Ministros del pasado viernes 18 de septiembre, pero el Ministerio comienza mal pues no ha cumplido con el compromiso que citamos.

Se ha aprobado dicho Plan sin ni siquiera haber informado a los sindicatos representativos de que se iba a producir, cuando en la reunión que se celebró el 27 de julio se nos informó que se nos daba un plazo de 3 días para hacer alegaciones a un documento de más de 108 folios (plazo que ya manifestamos que era irrisorio; los hechos han demostrado que nuevamente hemos trabajado muchas horas para hacer nuestras alegaciones y en balde), que el Ministerio de Justicia habría tardado meses en redactar, según sus palabras, en consenso con la totalidad de los operadores jurídicos.

Si este va a ser el método de trabajo en el futuro que pretende la dirección del Ministerio de Justicia para poner en marcha la nueva oficina judicial, ésta nacerá herida de muerte, porque como Vds. conocen perfectamente cualquier reforma de nuestra tan maltrecha Administración tiene que contar con los más de 40.000 trabajadores de la Administración de Justicia para que su puesta en marcha signifique un avance sustancial sobre la situación actual, y cumpla con su misión de un moderno servicio público para los ciudadanos.

Asimismo, seguimos muy preocupados con la ausencia de contestación en relación con las insistentes demandas que los sindicatos abajo firmantes hemos venido realizando en las tres únicas reuniones de mesa sectorial que se han producido en este período en relación con los derechos de carácter estatal de los funcionarios de la Administración de Justicia. Queremos saber con claridad cuál es la posición oficial del Ministerio de Justicia acerca del mantenimiento de estos derechos, porque como ya hemos comunicado reiteradamente en las reuniones celebradas, la pérdida o deterioro de cualquiera de ellos produciría una movilización sin precedentes en la Administración de Justicia.

Con todos estos precedentes, es imprescindible que el Ministerio de Justicia realice la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial en la que se establezcan las cuestiones urgentes que deben ser negociadas con carácter prioritario, como los contenidos de las reformas de las leyes procesales, algunas de cuyas enmiendas presentadas en el Senado nos preocupan muy seriamente, y de mantenerse crearían una situación muy tensa para la futura negociación, y de la LOPJ y la Nueva Oficina Judicial.

En el sentido anteriormente expuesto, reclamamos al Ministerio de Justicia que asuma expresamente su compromiso de que las reuniones de la Mesa Sectorial se convocarán periódicamente, una vez establecidas, en la primera reunión que se celebre, las cuestiones prioritarias y los tiempos y ritmos de negociación, para garantizar que las decisiones que pudiera adoptar la Administración que afecten a las condiciones de trabajo sean tomadas con todas las garantías para los trabajadores, respetando sus derechos laborales y profesionales.

CCOO - UGT - STAJ