Descentralización del Poder Judicial

Para adaptarlo al Estado autonómico

El viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco apuesta por la descentralización del Poder Judicial

El juez y actual viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, se mostró este sábado partidario de la descentralización del poder judicial para que, "sin romper su unidad", se adapte a un Estado "autonómico, federalizante o lo que fuere". Además, abogó porque entidades sociales y culturales estén en los futuros consejos o comisiones del Poder Judicial que se puedan crear.

En una entrevista concedida a la revista jurídica 'Res Pública', recogida por Europa Press, Fínez consideró que "la senda emprendida por los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Andalucía o de Valencia puede ser la adecuada" para esta descentralización.

Asimismo, aseguró que es "importante también otra cosa: que en eventuales o futuros Consejos del Poder Judicial habría que dar un ámbito de participación importante a entidades sociales y culturales, porque, al fin y al cabo, el ejercicio del poder judicial es el ejercicio de la práctica de la Ley a una sociedad determinada, y quien legitima al poder judicial, es la propia sociedad".

"En este conjunto de organismos que pudieran orientar, no sé con qué facultades, vinculantes o no, debieran estar representadas todas las entidades sociales y culturales", señaló.

En este sentido, eludió afirmar si se trataría de un Consejo, "para no identificarlo con lo que actualmente es el CGPJ, que es el organismo propio de los jueces". "Sería una comisión más amplia constituida en las comunidades autónomas, donde participen la representación de las instituciones sociales y donde se les dé opinión", subrayó.

No obstante, precisó que las prioridades que tiene ahora el Gobierno vasco "no van dirigidas a abordar este problema en concreto" porque, "entre otras cosas, la principal prioridad radica en la implantación de la nueva Oficina Judicial". "Pero es un asunto que nos preocupa, y trataremos de influir o dejar nuestra opinión sobre un sistema de justicia adecuado a una distribución territorial del poder", señaló.

Además, consideró que "el problema de la politización de los jueces no es un problema de determinación o de diseño del Consejo", sino de "responsabilidad en la organización y funcionamiento interno del propio Consejo".

En su opinión, "se ha de llevar a la práctica la efectiva independencia, el rigor en la toma de decisiones, la búsqueda, por encima de todo, del bien común y el interés general". "No digo que no se esté buscando, lo que digo es que hay que hacerlo con mayor rigor, mayor transparencia y que evite cualquier contaminación desde el exterior", apuntó.

Sin embargo, advirtió de que, "no hay que olvidar que los jueces y el poder judicial, no es un órgano angelical", sino donde "se transparenta la pluralidad social y política de una determinada comunidad". "Y, por lo tanto, las decisiones no son neutras. La Ley no se aplica en el vacío y no se aplica sin perjuicios ideológicos. Por eso, es susceptible, algunas veces, de distintas interpretaciones", añadió.

A su juicio, también se trata de "responsabilidad personal" porque, "cuando un juez está en el CGPJ, no debe aspirar a que el Consejo sea un trampolín de trayectoria política". "Y eso no se corrige de ninguna forma, sería muy lamentable que, por esa perniciosa práctica de estas instituciones, se volviera a lo que, desde algunos sectores conservadores, se está reclamando de que el poder judicial sea elegido exclusivamente por los jueces. La legitimidad del poder judicial no descansa en los jueces, sino en la sociedad", aseveró.

EUSKALDUNIZACION

José Manuel Fínez también se refirió al hecho de que el TSJPV haya anulado artículos esenciales del decreto para la euskaldunización de la Justicia del anterior Gobierno, y señaló que esta decisión "no dificulta más la euskaldunización, aunque sí hace replantear la normativa del proceso de euskaldunización o normalización lingüística de la administración de justicia".

"Por una parte, compartimos en gran medida los objetivos del decreto parcialmente anulado. Pero, por otra parte, no compartimos los medios con los que se pretende llegar a esos objetivos", manifestó.

En esta línea, aseguró que el Ejecutivo vasco ha actuado "en una doble línea", por un lado, preparando un recurso de casación porque "comparten los objetivos", y por otro, "reformulando el decreto de euskaldunización".

"Estamos trabajando en la aprobación una nueva norma en vigor que contemple el proceso de normalización lingüística y euskaldunización que adapte la inminente llegada de la nueva Oficina Judicial. Del decreto de normalización lingüística depende de la relación de puestos de trabajo, y ésta es necesaria para la implantación de la nueva Oficina Judicial, porque se va a reordenar todo el personal existente en todos los órganos judiciales", apuntó.

En cuanto a la reformulación del decreto, dijo que tienen ya un borrador "que parte, en gran medida, de los decretos de 2001 y de 2008, pero establece medios distintos". "Pretendemos conseguir, en similares plazos, similar número de plazas singularizadas que se pretendían con el anterior decreto. Otra cosa es que podamos flexibilizar los plazos o determinar las plazas singularizadas, es decir, plazas con perfil dos -auxiliares y tramitadores- o con perfil tres -gestores-", indicó.

JUSTICIA GRATUITA

Respecto a la Justicia gratuita, apuntó que se está haciendo un nuevo decreto. El borrador es un texto "abierto" y ya se ha presentado a los Colegios de Abogados y de Procuradores, con el objetivo de "aumentar la calidad en la prestación de los servicios, reforzar la formación de los profesionales y hacer un sistema ágil de gestión y control de los servicios prestados".

A su juicio, es necesario "tener la formación adecuada", por lo que, además de facilitar los cursos de formación, se exigirá a quienes ejerzan el turno de oficio "que haya una formación continuada" para poder mantenerse en él.

Fínez precisó que la segunda vía del decreto "es la libre designación de abogado y procurador", con lo cual "el beneficiario del turno de oficio podrá designar libremente" al letrado, "dentro de la lista de abogados que están en la lista del turno de oficio, con un límite de llamamientos, de forma que un abogado sólo podrá ser llamado dos veces, o cuatro, o seis, según los casos". Por último, afirmó que el incremento que se propone en justicia gratuita para 2010 es del 11,4 por ciento en su conjunto.

Publicado en www.europapress.es